Desestimados los recursos de los exconsejeros de Caja Segovia en el caso del Torreón

El tipo delictivo podría derivar del acuerdo por el que el consejo de administración de la extinta entidad de ahorro segoviana asumió la deuda de la sociedad Navicoas Asturias y que incluyó la inclusión del Torreón como aval para hacer frente al préstamo hipotecario concedido por Bankia.

Según el auto de la Audiencia, al que ha tenido acceso Europa Press, el delito imputado tiene como "hecho esencial" el haber ocasionado un perjuicio a la Caja por la decisión de su consejo de administración de asumir la obligación fiscal de una sociedad en la que no participaba directamente como socio y en la que tampoco ejercía funciones de administrador "ni de hecho ni de derecho".

Asimismo, el texto contempla como "evaluable" el daño económico causado al patrimonio de Caja Segovia al contraer esa obligación "ajena" y califica como "notoria" la importancia de hipotecar el Torreón de Lozoya. Un edificio "social, histórica y monumentalmente emblemático".

El auto descarta que fuera probable o razonable "adivinar", cuando el consejo de administración tomó la decisión de asumir la deuda de Navicoas frente a la Agencia Tributaria, que pudiera derivarse a la Caja. En ese sentido, destaca que "ni siquiera" se presentaba como "una simple posibilidad".

Quienes sí figuraban como administradores de derecho de Navicoas eran el vicepresidente de Caja Segovia, Manuel Agudíez, y el exalto responsable de la entidad segoviana, Óscar Javier Varas, como representantes de Inversiones y Desarrollos 2069 Madrid SL, sociedad responsable de la administración de la compañía asturiana.

La presencia de Agudíez y Varas en el consejo de administración de Navicoas "puede ser la clave", según el auto, de la actuación presuntamente delictiva de todos los imputados relacionados con la entidad de ahorro segoviana.

De este modo, el juez ponente llama la atención sobre la comunicación enviada por el presidente de Caja Segovia, Atilano Soto, el 26 de marzo de 2012, al Banco Financiero y de Ahorros (BFA) --germen de Bankia--, en el que ofrece el compromiso de asumir el anticipo del importe del acuerdo de Navicoas con la Agencia Tributaria, para "evitar la responsabilidad tributaria" de los consejeros de la sociedad asturiana vinculados a Caja Segovia.

En cuanto a la argumentación de los recursos de los exconsejeros, en los que argumentan ausencia de dolo, el auto recalca que nada impide una comisión del delito de administración desleal "por omisión". De tal modo, el escrito concluye que todos los miembros del consejo tenían la "obligación especial" de adoptar las decisiones "más convenientes" para el patrimonio de la entidad.

El juez añade que, cuando se acepta un cargo de "especial exigencia", como el de miembro del consejo de administración de una entidad financiera, se adquiere la responsabilidad de "velar" de manera responsable, "diligente, fiel y leal" por los intereses sociales.

Por eso, concluye que "nada impidió" a los imputados cerciorarse "concienzudamente" de la probabilidad de que se pudiera derivar a Caja Segovia la deuda fiscal de Navicoas. El no haberlo hecho "rebasa el límite de la culpa" para adentrarse "en los ámbitos del dolo".

Es más, el auto remarca que la firma del préstamo hipotecario en el que se incluyó el Torreón de Lozoya, junto a otros bienes de la extinta Caja, no se produjo hasta cuatro meses después. Tiempo "de sobra" para que los imputados pudieran haber revertido el acuerdo.

En cambio, el auto de la Audiencia Provincial estima el recurso presentado por el que era director general de Caja Segovia, Fernando Tapias, a quien retira la imputación del delito de administración desleal por no formar parte del consejo de administración y únicamente asistir a las sesiones con voz, pero sin voto. Así, el juez considera que no tuvo parte en el acuerdo tomado para asumir la deuda.

Además de desestimar los recursos de los exconsejeros, también rechaza el presentado por Izquierda Unida, personada como acusación popular, que solicitaba la consideración de nuevos tipos delictivos.

Entre los imputados aparecen el vicepresidente de la Diputación de Segovia y secretario general del Partido Popular (PP) de Segovia, Miguel Ángel de Vicente; los diputados provinciales José Luis Sanz Merino (PP) y Jesús Yubero (PSOE), así como Elena García Gil, José Pablo Lozoya Martín, Juan Ignacio Antón Contreras, María Concepción Monte de la Cruz, Alfredo Velasco Barrio, Antonio Jesús Rodríguez Ballesteros, además de Atilano Soto y Manuel Agudíez.