Derogación reforma TC: incumplir sus fallos tendrá menos multa que tirar petardos o no recoger cacas de perro

La propuesta lanzada por el PNV propone eliminar los artículos de la ley del tribunal de garantías en las que se confería carácter ejecutivo a sus sentencias y que permiten actuar contra las autoridades y funcionarios que las incumplan con un catálogo de medidas que van desde la suspensión hasta sanciones de 30.000 euros.

La formación vasca, que cuenta con el apoyo del PSOE, apuesta por reducir esta cantidad hasta un máximo de 3.000 euros, una cantidad menor que muchas sanciones administrativas como las citadas, según datos recogidos por Europa Press.

En el caso de las deposiciones de los perros, las multas por dejarlas en la vía pública varían significativamente en función de la ciudad. A la cabeza se encuentra Las Palmas de Gran Canaria donde un comportamiento muy grave y reincidente puede llegar a cartigarse con hasta 15.000 euros, cinco veces más que el máximo fijado en la iniciativa parlamentaria por no atender los fallos del Constitucional.

El ruido de los petardos, tradicional en las fiestas navideñas en muchos lugares de España y que suele acompañar a los fuegos artificiales, sobre todo en Año Nuevo, también puede implicar el pago de cantidades que superan al incumplimiento de resoluciones judiciales. En concreto, el Ayuntamiento de Málaga baraja elevar las sanciones hasta los 6.000 euros en caso de que su uso provoque daños a la salud. En Córdoba se ha querido luchar con estos cohetes con multas que han llegado a alcanzar los 30.000 euros para aquellos que los vendan sin licencia.

Poner música muy alta en un domicilio particular o en un local que no cuente con la debida insonorización también resultaría más caro que no acatar las órdenes del Constitucional. Por ejemplo, en una sentencia dictada el pasado julio, un Juzgado de Huelva condenó a un vecino de Aljaraque a pagar más de 8.000 euros a los vecinos a los que obligaba a soportar música a elevado volumen durante la noche.

INFRACCIONES DE LA LEY MORDAZA

La nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), en vigor desde el 1 de julio del pasado año, incluye otros casos de multas superiores a la propuesta por el PNV. La conocida como 'ley mordaza', establece el pago de una multa por consumo o tenencia de drogas en lugares o establecimientos públicos que puede llegar hasta los 10.400 euros, si es la primera vez y no hay antecedentes.

Consumir en lugares públicos, así como abandonar los utensilios empleados, se considera una infracción grave castigada con hasta 30.000 euros. Lo mismo para los que planten marihuana o permitan que se consuma en sus establecimientos.

Manifestarse sin comunicarlo en lugares como centrales nucleares o aeropuertos, invadirlos o sobrevolarlos, celebrar espectáculos públicos prohibidos o deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos está penado con sanciones de hasta 600.000 euros en esta norma.

Los baños en lugares prohibidos para ello constituyen otro ejemplo. Así, el pasado verano las sanciones por bañarse en el embalse de La Pedriza se situaron entre los 1.000 y los 3.000 euros, debido a que se trata de una zona protegida del Parque Nacional de Guadarrama. Infracciones de tráfico como circular sin el seguro en regla conllevan multas de rango similar.