La Defensora del Pueblo denuncia que el Ejército ofrece pocas plazas para la promoción de los soldados temporales

La Defensora del Pueblo considera que en las Fuerzas Armadas se han ofertado pocas plazas en los últimos años para la promoción interna de soldados y marineros con el objetivo de que puedan optar a la condición de militares de carrera, una situación que ha truncado las expectativas de los que querían ascender y podría generar "falta de interés" en los futuros aspirantes.

Así lo concluye la institución que dirige Soledad Becerril en su informe anual después de las "numerosas quejas" que asociaciones profesionales de militares presentaron el año pasado por la finalización del compromiso de larga duración al cumplir 45 años de edad y/o 18 años de servicio.

Miles de soldados y marineros van a ir prejubilándose de forma forzosa en los próximos años por haber cumplido 45 años. En sus quejas al Gobierno reclaman una reforma legal urgente que paralice estos despidos y un nuevo estatuto profesional del militar temporal.

DEFENSA NO CUMPLE LOS DERECHOS DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

Según el informe de la Defensora del Pueblo, las asociaciones profesionales han denunciado que el Ministerio de Defensa "no ha cumplido íntegramente los derechos de promoción profesional y las medidas de incorporación laboral y acciones complementarias contempladas en la Ley de Tropa y Marinería".

El documento recuerda que esta norma señala que "a los militares profesionales de tropa y marinería se les facilitará, durante su permanencia en el servicio activo, los medios necesarios de orientación, impulso y apoyo para su plena incorporación al mundo laboral, al término de su compromiso con las Fuerzas Armadas".

Para ello, "se desplegarán acciones de formación ocupacional para complementar sus perfiles profesionales, se desarrollarán programas de autoempleo y medidas de apoyo a la viabilidad de estas iniciativas", de modo que es el Ministerio de Defensa el que debe gestionar y convenir con instituciones públicas y entidades privadas "acciones orientadas a la incorporación laboral de los militares profesionales de tropa".

La Defensora del Pueblo también recuerda que la Ley de Carrera Militar y la de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas se expresan en términos muy similares porque incluyen un "concreto y determinado mandato para Defensa al establecer como obligación la colaboración con las administraciones públicas y la promoción de acuerdos con entidades empresariales para la contratación de militares de complemento y de tropa y marinería al finalizar su relación de servicios con las Fuerzas Armadas".

PLAZAS ESCASAS Y FORMACIÓN INSUFICIENTE

Para la institución que dirige Soledad Becerril, el número de plazas que se han convocado en estos años --sin concretar cuántos-- para la adquisición por promoción interna de la condición de militar de carácter permanente han sido "escasas", lo que "ha coartado las expectativas de continuidad en las Fuerzas Armadas de quienes habían suscrito el compromiso que ahora finaliza".

"Si a ello se añade que durante su vida militar han sido insuficientemente formados y han recibido pocos medios para su plena incorporación al mundo laboral, su acceso al empleo a la edad en que finaliza el compromiso resulta cuando menos incierta", advierte.

Según la Defensora del Pueblo, "los afectados conocían las condiciones del compromiso firmado y la imposibilidad de prorrogarlo más allá de lo pactado", pero "también es cierto que a lo largo de su tiempo de servicio tenían la expectativa de adquirir la condición de militar profesional permanente accediendo a las plazas ofertadas por promoción interna y, alternativamente, a adquirir la formación y la titulación adecuada para beneficiarse de las acciones de fomento del empleo promovidas en su favor por la Administración".

PODRÍA NO HABER MILITARES SUFICIENTES EN EL FUTURO

"De darse estas circunstancias, no solamente se habría actuado de manera contraria a la confianza legítima y al espíritu y letra de las normas antes citadas en detrimento de los derechos de los afectados, sino que también se podría generar una falta de interés en futuros aspirantes a formar parte de las Fuerzas Armadas, habida cuenta de la ausencia de expectativas para su futura incorporación al mundo laboral", explica el informe.

Y esto, añade, "resulta de todo punto indeseable para el interés general" porque podría implicar que en el futuro se presenten "dificultades para disponer de los efectivos necesarios al servicio de la Administración militar".

Por todos estos motivos, la Defensora del Pueblo se dirigió a finales de 2016 a la Subsecretaría de Defensa para plantearle la situación "a efectos de valorar las circunstancias concurrentes y las actuaciones que, en su caso, proceda llevar a cabo por esta institución".