El Defensor del Pueblo considera necesaria una mejora de la informática judicial ante los fallos de Lexnet

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha apuntado en su informe la necesidad de mejorar "sustancialmente" el sistema informático de la Administración de Justicia ante los continuos problemas de funcionamiento presentados en los últimos meses y que se han convertido especialmente "recurrentes" desde enero del año 2016, cuando el uso de Lexnet pasó a ser obligatorio.

En su memoria relativa al ejercicio 2017, el Defensor enumera una serie de problemas registrados en este sistema de comunicaciones electrónicas destacando especialmente el "importante" incidente ocurrido a finales de julio del año pasado que provocó que medio centenar de profesionales autorizados intentaran acceder de forma irregular a documentación de otros compañeros.

Una vez corregido el fallo se inició una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Justicia y ante el Consejo General del Poder Judicial, según explica el Defensor del Pueblo que precisa que Justicia puso en marcha una oficina de seguridad informática y reforzó el actual sistema de comunicaciones para evitar posibles intrusiones.

La investigación realizada por el CGPJ y la Agencia Española de Protección de Datos continúa abierta y podría derivar en sanciones. Fruto de esta colaboración se produjo una visita de inspección de los dos organismos en la sede de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia.

El año pasado también se inició otra actuación con la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de Madrid, tras conocer la situación en la que se encontraban los juzgados en la región como consecuencia de la caída del sistema informático de gestión procesal. Se trata de incidencias producidas principalmente por la migración de la base de datos en todos los sistemas de justicia y por incremento de usuarios.

PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN

La memoria también recoge una serie de incidencias informáticas producidas en los juzgados de Castilla-La Mancha, Castilla León, Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Ceuta y Melilla que derivaron en una actuación de oficio con la Secretaría de Estado de Justicia, según el informe que destaca la creación del Proyecto de Estabilización, englobado dentro del Plan de Acción Tecnológica de 2017, y cuya finalidad es dar estabilidad tecnológica a las sedes judiciales.

El proyecto recoge una serie de actuaciones cuyos objetivos son mejorar el nivel de calidad en los servicios tecnológicos prestados a la Administración de Justicia, mejorar la experiencia de los usuarios en la utilización de las herramientas tecnológicas y realizar actuaciones que garanticen la correcta provisión del servicio para mejorar la estabilidad, capacidad y seguridad de los sistemas.

Ya en este ejercicio se ha actuado en relación a otro incidente ocurrido en enero relativo al fallo del programa informático Arconte, que permite grabar los juicios en los juzgados de Castellón, y se ha solicitado información asimismo a la Administración de Justicia de Canarias ante diversos fallos informáticos detectados a los juzgados de Arrecife, Lanzarote.