Defensa de Alperi, exalcalde de Alicante, pide su absolución por vulneración de derechos en el juicio por fraude fiscal

A Alperi le piden nueve años y nueve meses de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública y uno de cohecho impropio por un presunto fraude fiscal en los años 2007, 2008 y 2010 al eludir el pago de 682.681 euros del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), avalado por las sociedades Taller de Contabilidad S.A., Andrarx Business S.L. y Birmingan Inversiones S.L.

A los empresarios Antonio Solana y Antonio Moreno les acusan de dos delitos fiscales por los que les piden seis años de prisión y tres respectivamente, y a Javier Palacio, responsable del puerto deportivo, de cohecho impropio por el que le piden 9 meses.

En el caso del cohecho impropio, según el auto de apertura de juicio oral, Díaz Alperi no pagó el amarre de su embarcación en las instalaciones de la Marina Deportiva del Puerto de Alicante -donde estuvo entre 2008 y 2013- y el gerente de la instalación se lo permitió personalmente de forma gratuita "en consideración a su influencia en la ciudad y su condición pública".

El abogado de Alperi se ha adherido así a la petición de absolución planteada por la defensa de uno de los dos empresarios, Antonio Solana, y a la que se han sumado los letrados del resto de las defensas.

En concreto y respecto a la vulneración del derecho fundamental a la no incriminación, asegura la defensa de Solana que durante el procedimiento de inspección a Alperi, se solicitó desde la Agencia Tributaria a la sociedad de su cliente, Birmingan Iversiones S.L, tres requerimientos de información sobre entregas y recepción de dinero, que posteriormente era volcada a los técnicos de Hacienda que investigaban a Alperi y que le incriminan, lo que a juicio del abogado, impide que su defendido tenga un juicio justo.

También ha denunciado que a su cliente se le ha impedido realizar el trámite de audiencia previo al levantamiento del acta de inspección tributaria.

Asimismo, tanto las defensas de Alperi como de Solana han solicitado limitar su presencia en las sesiones del juicio en las que tengan que prestar declaración. En el caso de Luis Díaz Alperi por razones de salud y en el del empresario Antonio por tener su domicilio en Madrid.

Frente a ello, el abogado del Estado y el fiscal han negado la existencia de vulneración de derechos fundamentales por "autoinculpación" o "autoincriminación" y han sostenido que la presencia de los empresarios es "ineludible" y "obligatoria"; mientras que para Alperi, el fiscal, se ha remitido a un informe del médico forense sobre su estado de salud.

Por su parte, el abogado de Javier Palacio ha aportado como cuestiones previas diferentes datos registrales y un plano en el que figura las únicas 20 plazas de atraque del pantalán para demostrar que el atraque de la embarcación de Alperi se hizo por motivos de amistad y por una relación comercial entre ambos de la que se han adjuntado facturas cruzadas entre 2009 y 2011.

DEBER DE ASISTENCIA

Finalmente, el magistrado Eugenio Alarcón ha resuelto las cuestiones y ha precisado que los acusados deberán asistir a todas las sesiones del juicio y ha anunciado que las cuestiones previas sobre vulneración de derechos se resolverán en la sentencia. Así, ha dado por terminada esta primera sesión y ha citado a las partes a la reanudación del juicio el próximo 21 de mayo.

El Juzgado de lo Penal número 6 de Alicante ha iniciado la primera de las jornadas de este juicio que incluye once sesiones. Las vistas se reanudarán el próximo lunes 21 de este mes y se celebrarán hasta el 1 de junio de 2018, excepto sábados y domingos.

Según reflejó la Agencia Tributaria en el informe que dio origen al caso, en 2007, los inspectores detectaron una operación de crédito por 942.687 euros, con una apariencia "totalmente simulada", y que supuso un aumento de patrimonio real de 1.004.878 euros por el que Alperi tendría que haber abonado 405.351 en concepto de IRPF y pero por el que solo declaró 113.250 euros.

En 2008, se acusa al exalcalde de la compra de un catamarán - Akra Uno -, a través de Andarx Business SL., una sociedad patrimonial sin actividad, adquisición para la que uno de los empresarios aportó 264.500. Hacienda le exige 144.862 euros en concepto de regularización.

Por último, en 2010, y a través de la misma sociedad, se simuló, a juicio de Hacienda, la realización de diversas operaciones de compraventa de la sociedad, pagos de terceros para la adquisición de la embarcación, así como la facturación de ingreso derivados de actividades profesionales, lo que supondría ingresos no declarados de 308.209 euros, y un fraude a Hacienda de 132.468 euros.

CUATRO AÑOS DE ESPERA

La llegada hasta sentarse en el banquillo se ha dilatado desde que la causa se instruyó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana --por la condición entonces de aforado de Alperi--. La apertura de juicio oral contra Alperi y otros tres empresarios se acordó el 1 de marzo de 2014.

En abril de ese mismo año, Alperi dimitió como diputado, por lo que en junio de 2014 el alto tribunal envió el procedimiento a los juzgados de Alicante. En octubre de 2017 el magistrado volvió a remitir la investigación al TSJCV, basando su postura en el acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 2 de diciembre de 2014, que apuntaba que si el TSJCV solicitó apertura de juicio oral debe ser el TSJCV quien celebre el juicio, aunque el acusado ya no esté aforado.

El TSJCV rechazó la causa, ya que la dimisión de Alperi y el traslado del caso a los juzgados de Alicante tuvieron lugar meses antes del acuerdo. No es el único juicio al que se va a tener que enfrentarse Luis Díaz Alperi, que se sentará en el banquillo de los acusados por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones vinculadas al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Le piden penas que suman 10 años de prisión