Cs pide que los interinos excluidos por el requisito lingüístico puedan seguir dando clase en zonas castellanohablantes

Asimismo, la iniciativa reclama que las plazas de especial dificultad sean ofertadas preferentemente a este colectivo, así como que se diseñe e implemente en un plazo de tres meses un plan específico para "posibilitar la cualificación lingüística de este colectivo, teniendo en cuenta la diversidad territorial".

Así lo ha indicado la síndica de Cs en la cámara autonómica valenciana, Mari Carmen Sánchez, en atención a los medios de comunicación, tras mantener un encuentro con unos setenta profesores interinos afectados en la que también han participado la diputada de Cs Merche Ventura y la parlamentaria nacional Marta Martín.

En su iniciativa, Cs ha señalado que fue el PP, a través de la Orden 90/2013, del 6 de noviembre, el que reguló la catalogación con el requisito lingüístico del valenciano de determinados puestos de trabajo docentes en centros públicos y en los servicios o unidades de apoyo escolar y educativo dependientes de la Generalitat, aunque aplicó una moratoria de cuatro años, que terminó el pasado 1 de septiembre de 2017, para lograr dicha capacitación.

No obstante, lamenta que en julio la Conselleria de Educación, sin haber expirado el plazo, "realizara el acto de adjudicación de plazas vacantes en centros públicos de la Comunidad Valenciana, dejando fuera a casi 2.000 docentes interinos por la falta de capacitación de valenciano".

EXPERIENCIA "POR LA BORDA"

De este modo, Sánchez ha explicado que su propuesta busca dar una solución a la situación de los interinos a los que "se está tirando por la borda los años de experiencia y profesionalidad que acumulan". "Estamos hablando de que se ha tirado a la basura experiencias y carreras educativas de más de 30 años que ahora mismo están en un limbo profesional del todo injusto porque por encima de la 'capacitació' está la capacidad profesional de los educadores", ha reivindicado, para indicar que muchos de ellos cuando accedieron a su puesto este requisito no existía.

En este sentido, ha subrayado que las lenguas "jamás" deben servir "de confrontación ni como una frontera para no tener a los mejores profesionales en la Comunitat. "El valenciano es una lengua cooficial que no puede poner fin a vidas profesional de una valía incuestionable", ha remarcado.

Por su parte, la diputada de Cs y responsable de Educación de esta formación en las Corts, Merche Ventura, ha señalado que "hay personas que llevan más de 36 años en el sistema educativo y por un requisito lingüístico no se les puede expulsar de la bolsa".

Ventura ha indicado que muchos docentes no tienen título pero saben valenciano, ha pedido "reflexionar" sobre si ese título "te hace ser mejor profesional" y ha criticado la "doble discriminación" que supone que la Conselleria contrate a gente para puestos de trabajo de "difícil cobertura" que no se ha ofertado a interinos que ahora están en la calle, sino a "la gente que ha sido más rápida en entrar a la web y en muchos casos que no tenían la 'capacitació'".

Así, ha pedido que de los más de 15 millones de euros de la Conselleria de Educación para la promoción del valenciano vaya a formar a los profesionales. "Es un error tomar esta decisión de manera 'a lo loco' y sin tener en cuenta ni hablar con los interinos", ha puntualizado para pedir al Consell que "reflexione" y readmita a las personas "que ha expulsado del sistema".

"LA LENGUA NO TIENE QUE SER REQUISITO, SINO UN MÉRITO"

Por su parte, la portavoz de Educación en el Congreso de los Diputados ha considerado que "la lengua no tiene que ser un requisito, sino un mérito" y ha subrayado que "las lenguas cooficiales no pueden suponer una barrera". "Lo que planteamos es que el conocimiento y la capacitación en las lenguas cooficiales se tienen que contabilizar como un mérito y no como un requisito que suponga una barrera de entrada", ha insistido Martín.

Al respecto, ha afirmado que "hay que perfilar los puestos de trabajo y calibrar el porcentaje de mérito que supondrá el valenciano con el objetivo de adaptar los conocimientos a cada puesto".

Por su parte, el portavoz de la plataforma Mes Forts Junts (MSTB), Francisco Brotons, que ha recogido las reivindicaciones del colectivo afectado, ha insistido en que "con esta medida, se ha dejado en la calle a cerca de 2.000 familias valencianas que necesitan una solución urgente para volver al mercado laboral".

"Es una enorme injusticia lo que se está produciendo y un atropello", ha reprobado. "Este no es un problema de valenciano sí o valenciano no, sino que lo que defendemos es que es un problema de cómo tratar a la sociedad. No podemos poner por encima a las ideologías que a las personas", ha criticado.