Cs quiere que las Cortes insten mañana al Tribunal de Cuentas a fiscalizar el gasto de las diputaciones provinciales

El grupo parlamentario de Ciudadanos defenderá este martes ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas una propuesta para que este órgano fiscalice el gasto de todas las diputaciones provinciales de régimen común.

La formación naranja ha registrado esta iniciativa aprovechando el debate de las propuestas de resolución al informe de fiscalización relativo a la ejecución de distintas medidas destinadas a la racionalización y reordenación del sector público empresarial estatal no financiero en los años 2012 y 2013.

En este contexto, los de Albert Rivera someterán a votación una propuesta de resolución, recogida por Europa Press, para instar al órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda a fiscalizar el gasto de las diputaciones provinciales. Ciudadanos aboga por suprimir esas instituciones pero mientras aspira a que esta fiscalizacion sirva para "proponer potenciales ahorros de acuerdo al principio de economía y buena gestión".

La iniciativa tiene un segundo punto con el que se persigue imprimir un mayor control por parte del Ministerio de Hacienda sobre las retribuciones del personal de las entidades del sector público empresarial estatal. También Unidos Podemos, siguiendo las recomendaciones del fiscalizador, ha registrado una propuesta de resolución en el mismo sentido.

AUTORIZACIÓN PREVIA

En concreto, ambos grupos buscan que las Cortes emplacen al Gobierno a establecer unos procedimientos para autorizar la masa salarial destinada a estas entidades antes de que empiecen a abonarse las retribuciones.

De esta forma, según la formación que lidera Albert Rivera, el Ministerio de Hacienda podrá incrementar el control sobre el cumplimiento de los límites globales establecidos para las retribuciones del personal del sector público empresarial estatal.

Ciudadanos demanda, asimismo, que esta autorización se refiera a todo el personal de las entidades del sector público estatal, incluidos los trabajadores eventuales, mientras que Unidos Podemos solicita al Gobierno que tome medidas para homogeneizar los límites máximos de retribuciones establecidos entre los distintos tipos de entidades incluidas dentro del mismo grupo de clasificación.

LIMITAR LAS DIETAS

Asimismo, el grupo parlamentario que capitanea Irene Montero intentará que la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas urja al Ejecutivo a establecer mecanismos de fiscalización para controlar "no sólo el máximo de dietas" que cobran los miembros de estas empresas, si no también el número máximo de reuniones a las que asisten y "la cuantía de dietas por reunión".

Otra de las demandas de Unidos Podemos es que el Gobierno dé "la debida difusión de los acuerdos del Consejo de Ministros que afecten a la organización y composición del sector público empresarial y de las órdenes ministeriales que afecten a estas sociedades", así como que todas estas empresas cumplan de forma efectiva con la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres.

De su lado, en sus propuestas de resolución, PP y PSOE se limitan a instar al Gobierno ha cumplir con las conclusiones y recomendaciones que el Tribunal de Cuentas incluyó en su último informe sobre el sector público empresarial.