Crespo pide una vez más la nulidad de la causa en el juicio por la financiación ilegal del PP de Camps

El 'número dos' de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha solicitado una vez más la nulidad de la causa al afirmar que no se puede acreditar la autenticidad de las grabaciones, ni su contenido, que el denunciante de la trama, José Luis Peñas, aportó a la Policía Nacional y por la que estalló el denominado caso 'Gürtel'.

Así lo ha manifestado su letrado, Miguel Durán, ante el juez del Juzgado Central de lo Penal José María Vázquez Honrubia durante las cuestiones previas del juicio que ha comenzado este lunes por la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana en relación a los actos de campaña de las elecciones de municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.

"Fueron realizadas de forma subrepticia, sin conocimiento de los que fueron objeto de grabación, atentando a su derecho a la intimidad amparado por la Constitución española", ha enfatizado Durán sobre las grabaciones. Ha recordado que éstas fueron aportadas a los investigadores por una persona que es "coacusada" en otras piezas de la trama Gürtel.

En este sentido, ha añadido que los audios fueron entregados a la Policía "editados" y en un soporte que no era el original, por lo que denuncia que no queda garantizado que su contenido sea real y por tanto válido para llevar a cabo un procedimiento judicial como tal. Además, señala que el entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón era consciente de que las grabaciones no eran las originales y no hizo nada al respecto.

ACUSA A LA FISCALÍA DE "CORRUPTELAS"

Esta nulidad ya fue solicitada por el abogado de Crespo durante el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005), donde hizo hincapié en que el juez Garzón fue apartado de la carrera judicial por prevaricación en las grabaciones, ordenadas por él, de las conversaciones que mantuvieron los acusados durante su estancia en prisión con sus abogados. Este lunes ha vuelto hacer mención de esta circunstancia que ha utilizado para defender que la causa se cierre.

Por otro lado, Durán ha aprovechado para acusar a la Fiscalía Anticorrupción de haber cometido "corruptelas" ya que, a su juicio, se vulneraron las normas de reparto de la investigación, que se inició en 2008 y estalló en febrero 2009, para que recayera en manos del entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5. Ante esto, la fiscal Myriam Segura ha formulado su protesta para evitar que el abogado continuase por esa línea.

Durán ha solicitado al juez que su cliente declare una vez que ya hayan sido escuchados los testigos y peritos y para ello ha hecho referencia, sin mencionarlo expresamente, al juicio que recientemente ha celebrado la Audiencia Provincial de Navarra contra el conocido grupo como 'La Manada', acusados de violar a una joven en las fiestas de San Fermín de 2016.

También ha solicitado que se una a esta pieza de la rama valenciana de la Gürtel las declaraciones que prestaron el líder de la trama, Francisco Correa; el denunciante José Luis Peñas y el inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que dirigió la investigación, Manuel Morocho, en el juicio por los primeros años de la red corrupta. Asimismo, en relación a este policía, ha pedido al juez que no acepte en este juicio su declaración como testigo-perito por "contaminación".

DISPENSA DE ASISTENCIA

Por último, el abogado de Crespo ha pedido la dispensa su cliente al juicio una vez declare, pues se encuentra en prisión desde el 14 de febrero de 2017, cuando fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por amañar los contratos públicos para realizar el expositor institucional de la comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones comprendidas entre los años 2005 y 2009.

Esta mismo ha sido solicitado por Álvaro Pérez 'El Bigotes, que se encuentra en la cárcel por los mismos hechos que Pablo Crespo. El abogado de este acusado, José Javier Vasallo, ha destacado que su cliente se niega a que se le considere como el representante legal de la mercantil Orange Market, empresa contratada por el PP de la Comunidad Valenciana para que organizase los actos de campaña en cuestión.

Ha hecho hincapié en que 'El Bigotes' no puede ser acusado de tres delitos electorales correspondientes a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008 por que, según ha dicho, han prescrito.

En cuanto a los nueve empresarios que han reconocido los hechos y han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, han hecho uso de las cuestiones previas para pedir al Ministerio Público una aclaración: que corrija en su escrito de acusación que las penas serán sustituidas por multas.

Se tratan de Gabriel Alberto Batalla, Enrique Gimeno, Antonio Pons, Alejando Pons, Tomás Martínez, Rafael Martínez, Enrique Tomás Ortíz, José Francisco Bevía y Vicente Cotino, quienes han rogado al juez que les exima de asistir a la vista oral una vez que hayan prestado declaración.