Cortes valencianas piden una inspección de los contratos en vigor de la Generalitat con empresas vinculadas a Gürtel

El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este miércoles pedir al Consell una inspección de los contratos en vigor de la Generalitat con empresas vinculadas a la trama Gürtel, así como impulsar una Oficina Valenciana de Supervisión de la Contratación, con los votos a favor de todos los grupos menos Ciudadanos, que rechaza la creación de este nuevo órgano.

La iniciativa ha partido de Podemos y ha incorporado la propuesta del PSPV y Compromís de crear esa oficina, y reclama también que el Consell informe a las Corts sobre qué contratos de empresarios vinculados a la trama se han firmado esta legislatura y cuáles han sido las garantías legales para realizar dichas contrataciones.

Asimismo, exige analiza los contratos con estas empresas que todavía trabajan con la Generalitat para, en el caso de detectarse irregularidades o que incumplan la legalidad contractual, cancelarlos y establecer las multas oportunas.

El PP ha respaldado la iniciativa pese a que pedía --sin éxito-- crear también un registro público con las empresas participantes en contratos públicos y adjudicatarias, y si su titular, socios o administradores guardan parentesco con algún alto cargo del Gobierno, detallando el grado de relación y el alto cargo afectado. Además, planteaba sustituir las referencias a la trama Gürtel por "casos de corrupción".

El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha recordado la confesión de nueve empresarios de que financiaron ilegalmente al PP y ha puntualizado que se sabe "todos los que están, pero no todos los que son", para criticar también que la multa que deberán asumir cada uno de ellos, de unos 400.000 euros, es "ridícula en comparación con sus fortunas, sus ingresos y con el daño causado".

Estos empresarios, que ha nombrado uno por uno, "son la parte menos visible del modelo del PP que ha asfixiado y parasitado esta comunidad" y esta "no fue derrotada en las urnas en 2015"porque el PP ya se ocupó, ha dicho, de "asegurar que su modelo permanecería intacto" y hay quienes "mantienen contratas larguísimas con la administración" como el caso de Enrique Ortiz con su "gestión deficiente de las basuras al más puro estilo napolitano".

"Siguen ganando concursos y contratas y esta situación traslada un mensaje terrible, que la corrupción acaba saliendo", ha remarcado Estañ que, pese a reconocer las dificultades legales de rescindir estos contratos, ha insistido en que "hay que empezar por marcar de cerca a los corruptores confesos" y mandar el mensaje de que la corrupción "no sale rentable".

HAN SIDO "COOPERADORES NECESARIOS"

Isaura Navarro (Compromís) ha lamentado el "clientelismo como forma de gobierno" del PP, que "ha roto la democracia valenciana" y se ha preguntado "a cuánto asciende la factura de la corrupción, de sus vergüenzas". Los empresarios, ha agregado, han sido "cooperadores necesarios" en ese sistema y la factura "muy baja con todo lo que se han enriquecido empresas que comenzaron de la nada y se vieron disparadas en facturación bajo el gobierno del PP". "No es casualidad, todos lo sabemos", ha remarcado.

Por ello, ha asegurado que el Consell hará "todo lo que sea posible para que no vuelva a pasar y no haya nunca más corrupción". "Todos los medios se quedan cortos", ha agregado.

La socialista Ana Barceló ha hecho una reflexión sobre los valores éticos que deben presidir la vida pública y que "tan ausentes han estado durante los años de gobierno del PP" y ha advertido de que "los efectos de la corrupción son letales, dañan la credibilidad y deslegitiman el sistema político", además de su coste económico, que ya empezaron a pagar los valencianos "en los años más duros de la crisis".

Así, ha defendido los principios de transparencia, participación, accesibilidad, supervisión y control en la contratación pública, al tiempo que ha reclamado una reforma en la legislación estatal que permita que tras una condena penal por prevaricación, cohecho o tráfico de influencias pueda seguir la liquidación de los contratos, que hoy por hoy "siguen siendo plenamente eficaces".

EL PP PIDE UN REGISTRO DE ADJUDICATARIAS

El diputado del PP Fernando Pastor ha recordado a Podemos que el espíritu de su propuesta ya quedó recogido en junio de 2015 en el Acord del Botànic y ha asegurado que ahora llevar a las Corts esta iniciativa deja entrever "la desconfianza entre los miembros de ese pacto", además de "la incapacidad y falta de cumplimiento de los acuerdos".

Además, ha preguntado por las medidas del Consell contra la corrupción y ha cuestionado si son ejemplos de regeneración y buen gobierno "cuando intentan subir de tapadillo el sueldo de los altos cargos", los gastos de la consellera Carmen Montón, la contratación "a dedo un 20% más que el último gobierno del PP" o cuando la videpresidenta "encubre y protege a un alto cargo que dedica su tiempo a insultar a personas de otros partidos".

"Tampoco pueden poner como ejemplo que Fiscalía esté investigando 43 millones de euros, que ya no es el huevo kínder, de contratos sin adjudicar a empresas que en muchos casos son las que acaba de mencionar, de la trama Gürtel", ha dicho Pastor, que ha defendido que el PP quiere hablar "de casos de corrupción, no sólo de la Gürtel" y su propuesta de registro es "fácil, lógica" aunque pueda incomodar a "algunos".

Estañ ha acusado al PP de intentar "desviar el foco" del debate, "embarrar" y querer "igualar un registro con relaciones de parentesco con una confesión y no es lo mismo". "Traigan a otro debate esa propuesta y la debatiremos", ha asegurado, para indicar que esta propuesta nace de que desde el Consell "en algunas facetas que no son las más visibles no se está haciendo todo lo posible".

CS NO QUIERE OTRA OFICINA

Toni Subiela (Cs) ha explicado que si bien su grupo estaba a favor de la propuesta, con la inclusión de una nueva oficina están en contra, al suponer "otro chiringuito" y ha preguntado a Podemos si "tiene dudas de que el Consell esté aplicando correctamente la ley" o si piensa que "está haciendo lo mismo que el PP" y por ello quiere esa inspección. "Llama presuntos corruptos al Consell actual, lo que está haciendo es eso", ha indicado.

El portavoz de Podemos ha respondido que "ninguna inversión es desproporcionada cuando se habla de luchar contra la corrupción".