Correa cree que Rajoy aprobaba los gastos de campañas y que la financiación irregular pudo seguir después de 2004

Francisco Correa, considerado el cabecilla de la trama 'Gürtel', comparecerá este martes ante la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP, pero lo hará mediante videoconferencia y sin intención de contestar a las preguntas que le formulen los diputados para no perjudicar su defensa ante los tribunales.

Para el mismo día estaba citado ante este órgano el presunto cerebro financiero de la trama, Ramón Blanco Balín, quién pidió que se aplazara su comparecencia, una solicitud que ha sido aceptada por la comisión, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Correa ha tomado la palabra antes de que comenzara el interrogatorio de los grupos para cerciorarse de que los comisionados tenían conocimiento del escrito que su abogado envió a la comisión la semana pasada avisando de que no iba a contestar a las preguntas que pudieran perjudicar a su defensa judicial.

El empresario ha explicado que su intención era colaborar con la comisión, pero que iba a seguir el consejo de su abogado. Aún así, ha recordado que en el juicio sobre la supuesta financiación ilegal del PP valenciano tanto él como otros diez empresarios ya han reconocido "claramente" cómo pagaban a su empresa, Orange Market, los actos que organizaban para el partido en la Comunidad Valenciana.

"Yo no les quiero hacer perder el tiempo, pero ya ha quedado muy claro en el tema de Valencia cómo nos abonaban", ha añadido Correa antes de someterse a las preguntas de los diputados y sin mencionar expresamente que algunos de esos eventos de pagaron de forma ilegal.

El presidente de la comisión, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, tomó la decisión de citar a Correa por videoconferencia después de que comunicara al Congreso que se acogerá a su derecho de no responder a las preguntas de los diputados, y pospuso sin fecha la citación a Blanco Balín.

COINCIDENCIA CON EL JUICIO DE LA TRAMA VALENCIANA

El líder de la red corrupta está en prisión cumpliendo la condena de 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) por los amaños de los contratos de los expositores de Fitur. Además se encuentra a la espera de conocer la sentencia condenatoria por el primer juicio de la trama Gürtel relativo a los primeros años de su actuación (1999-2005).

Ahora la Fiscalía Anticorrupción pide para él 24 años y medio de cárcel por recibir pagos en negro del PP, pero el Ministerio Público le ofreció rebajar esa petición si colaboraba durante el juicio oral de la financiación ilegal del PP valenciano. En su declaración del 16 de enero, Correa ya ha reconocido que el partido que presidía Francisco Camps le pagó en 'b' y mediante facturas falsas parte de los servicios que prestó su empresa Orange Market durante las campañas electorales de 2007 2008.

En concreto, declaró en el juicio que era el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa quien indicaba a Orange Market el nombre de los empresarios a los que debía facturar los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008. Los nueve empresarios acusados en el mismo caso ya habían confesado que sufragaron de forma irregular parte de los actos electorales de los 'populares' valencianos y el propio Ricardo Costa remató admitiendo ante el tribunal la financiación ilegal del partido.

De su lado, Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol, se enfrenta ahora a su primer juicio acusado de ser el artífice del entramado financiero de la 'Gürtel': fue miembro de los consejos de administración de muchas de las empresas de Correa y figura como supuesto responsable de blanquear del dinero que obtenían de comisiones ilegales que pagaron empresarios para conseguir contratos públicos.

La Fiscalía le pide 15 años de cárcel por seis delitos fiscales y su declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional está programada precisamente para el 7 de febrero, al día siguiente de la comparecencia parlamentaria, y por ello pidió el aplazamiento al Congreso.

EL CONSTRUCTOR QUE ADMITIÓ HABER PAGADO AL PP

Con este cambio de planes, el PP, que tiene recurrida la creación de la comisión de investigación ante el Tribunal Constitucional, se ve reforzado en sus críticas a la oposición por abrir una comisión de investigación sobre asuntos que se están juzgando en paralelo.

Lo que no ha sufrido variación alguna es la sesión prevista para la semana siguiente. Concretamente para el 13 de febrero está citado el expresidente de Constructora Hispánica, Alfonso García-Pozuelo, quien ya reconoció en sede judicial donaciones para campañas electorales del PP y pagos a antiguos cargos del partido y la cúpula de la trama para lograr a cambio adjudicaciones en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

También para ese día se ha llamado al propietario de la empresa Nuevas Iniciativas de Gestión Empresarial Plácido Vázquez Dieguez, a quien el propio Correa señaló ante el juez como encargado de recaudar las comisiones que pagaban las empresas a cambio de adjudicaciones.

BÁRCENAS ABRIÓ LA COMPARECENCIAS

La comisión de investigación sobre la presunta 'caja b' del PP se constituyó el pasado mes de mayo y empezó las comparecencias citando al extesorero del PP Luis Bárcenas, que tampoco colaboró excesivamente con los diputados escudándose en su derecho de defensa. En julio desfilaron los demás tesoreros del PP de las últimas décadas, aunque no a todos porque faltó Álvaro Lapuerta por motivos de salud.

Después, tras el casi cuatro meses de parón, primero por el paréntesis estival y después por la situación en Cataluña, se reactivó y citó a los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que investigaron la trama 'Gürtel' y al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En la siguiente ronda de comparecencias se escuchó a varios periodistas que han investigado los casos de corrupción que salpican al PP. De momento, los grupos de la oposición han congelado la citación de responsables políticos del PP, entre los que se habló de llamar a la cúpula del partido de los últimos años, incluyendo al presidente Mariano Rajoy.

NUNCA TUVO RELACIÓN CON RAJOY

Ha sido a preguntas del representante de Unidos Podemos, Txema Guijarro, cuando ha admitido la posibilidad de que los mecanismos de financiación ilegal del partido que él ha reconocido en sede judicial en relación con el PP valenciano, continuaran en la formación después de que, tras la llegada de Rajoy a la presidencia del partido, Génova cortara su colaboración con sus empresas.

"Es posible que siguieran después", ha señalado Correa, quien ha especificado que, aunque antes habían trabajado también para el PP en otras comunidades, tras aquella ruptura con la dirección nacional ya sólo hicieron negocios con la formación en Valencia.

Correa ha indicado que no podía decir si en la sede nacional del partido se operaba exactamente igual que en la Comunidad Valenciana y, preguntado si desde su punto de vista, el secretario general del partido quien aprobaba en último término los gastos del PP en general y de las campañas electorales en particular, Correa ha respondido: "Creo que sí".

NO ESTÁN TODOS LOS QUE SON

Rajoy fue secretario general entre septiembre de 2003 y octubre de 2004, pero Correa ha dejado claro que, aunque alguna vez le pudo ver por Génova, nunca ha tuvo una "relación de amistad" con el jefe del Ejecutivo. Además, pese a que ha reconocido que lo habitual era que ellos trataran con el director de campaña, cuando se le ha preguntado si lo hicieron con Rajoy en las que el dirigió, lo ha negado alegando que su relación era con el secretario de campaña, Jesús Sepúlveda, exmarido de la exministra Ana Mato.

Correa ha deslizado que, en contra de lo afirmado por Rajoy --que alegó que el partido dejó de trabajar con sus empresas cuando supo que "utilizaba" el nombre del PP en su beneficio-- su "impresión" de por qué se cortó esa relación "es otra", pero no ha dado más datos.

En otro momento, durante el interrogatorio al que le ha sometido el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, el supuesto cabecilla de 'Gürtel' ha admitido que no volvería a trabajar con el PP y ha apuntado que, a su juicio, "no están todos los que son" en el banquillo de los acusados.

NO HABLA DE LOS EMPRESARIOS QUE DABAN COMISIONES

Respecto a sus actividades como comisionista, ha afirmado que era consciente de que incurría en una irregularidad cuando no facturaba correctamente el dinero que recibía de empresas a las que luego se adjudicaban contratos públicos. El recogía ese dinero por orden del extesorero Luis Bárcenas, se quedaba una parte y otra iba al partido.

Sin embargo, aunque ha recordado que ya confesó en la Audiencia Nacional el método del PP para el amaño de contratos públicos, no ha querido desvelar qué empresas pagaban esas comisiones cuando el portavoz socialista Artemi Rallo le ha citado algunas de las que cito en su día como ACS o Constructora Hispánica. "No lo recuerdo, si está escrito así será", ha dicho en tono chulesco.

Por último, respecto al 'Caso Arganda' se ha escudado en su derecho a la defensa para no contestar sobre un tema que no se ha juzgado aún, pero sí ha recordado que la adjudicación que se dio a Martinsa se hizo "por unanimidad" en el ayuntamiento es decir también con los votos de PP, PSOE e IU.