La Generalitat acusa al Gobierno de "uso torticero" del Constitucional para parar el 9N

En el escrito de 31 páginas al que ha tenido acceso Europa Press y presentado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la Generalitat sostiene que el Gobierno acude al TC "porque el simple hecho de acudir ante este tribunal [...] podría comportar 'ex lege' la suspensión de lo impugnado".

"En nuestra opinión se acude al Tribunal Constitucional con el afán, puramente y simplemente, de intentar impedir el proceso participativo de constante referencia", insiste la Generalitat en su demanda.

Cree que "haciendo un uso fraudulento del derecho y con abuso de poder" el Gobierno pretende beneficiarse de la prerrogativa constitucional que le permite sin justificación, sin necesidad de motivación y sin debate alguno pedir la suspensión automática.

Y lo hace "con el único objetivo de conseguir una suspensión automática de un proceso plenamente democrático", insiste la Generalitat, que acusa al Gobierno de coartar la libertad ideológica y la libertad de expresión de los ciudadanos de Cataluña.

También sostiene que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "pretende utilizar al Tribunal Constitucional para una discusión política, que no jurídica, con el único fin torticero de conseguir la suspensión automática".

Proceso "Ridiculizado y menospreciado"

Recuerda que el Gobierno ya había impugnado la consulta popular convocada por el presidente de la Generalitat y que, tras la suspensión, hizo lo mismo con el proceso de participación ciudadana puesto en marcha después, que "fue inmediatamente ridiculizado y menospreciado por distintos miembros del Gobierno del Estado".

El Govern reclama al Supremo suspender el acuerdo del Consejo de Ministros del viernes 31 de octubre que aprobó impugnar el proceso participativo y, antes de resolver sobre el fondo de la cuestión, el Alto Tribunal someterá este jueves a deliberación si da luz verde a la medida pedida por el Ejecutivo de Artur Mas de suspender temporalmente la vigencia del acuerdo.

La Generalitat ha articulado su petición al Tribunal Supremo como recurso contencioso-administrativo por la vía de la protección de los derechos fundamentales porque considera que el Gobierno central atentó "contra el derecho de participación, contra el derecho de la libertad de expresión y contra el derecho de libertad ideológica".