El Gobierno limita el sueldo de los responsables de entidades con ayuda pública

El Gobierno ha dado luz verde a la reforma financiera cuyo principal objetivo es "fortalecer el sector bancario y su credibilidad". El Real Decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros además de establecer un plan de saneamiento del sector y medidas de simplificación de los órganos rectores de las cajas de ahorro, incluye "limitaciones estrictas" a los sueldos de los responsables de las entidades que hayan recibido ayudas públicas. Así, los máximos responsables de las entidades intervenidas no podrán cobrar más de 300.000 euros al año, mientras que el límite aumenta a 600.000 euros anuales para los altos responsables de las entidades con asistencia financiera.

El Gobierno ha establecido un límite a los sueldos de las entidades financieras que han recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España.

Así lo ha anunciado el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado 'luz verde' a la reforma del sector financiero que, entre otras medidas, exige una provisión adicional a la banca por importe de 50.000 millones de euros.

Tal y como ha informado De Guindos, para las entidades intervenidas, los consejeros no ejecutivos no podrán tener una remuneración mayor de 50.000 euros al año, mientras que la retribución de presidente y consejeros delegados no podrá ser mayor de 300.000 euros anuales.

Por su parte, en las entidades que tiene asistencia financiera, los consejeros no ejecutivos tendrán una limitación total de 100.000 euros anuales, mientras que los altos responsables como presidentes y consejeros delegados no podrán cobrar más de 600.000 euros.

En ambos casos, se suspenderá el pago de remuneración variable para el personal de alta dirección.

Nueva línea ICO para comunidades

Además, el Gobierno, según ha acordado el Consejo de Ministros, ha acordado dotar con 10.000 millones de euros, ampliables a 15.000, a la línea del ICO que va a crear para facilitar financiación directa a las comunidades autónomas. De forma, las comunidades podrán afrontar los pagos pendientes con proveedores.