El PP aprueba en solitario el blindaje de don Juan Carlos

El PP ha introducido vía enmienda la protección jurídica de los Reyes salientes, Juan Carlos y Sofía, de la Reina Letizia y de la Princesa de Asturias doña Leonor y su futuro cónyuge en una ley sobre funcionarios judiciales, que regula sus días de asuntos propios, pruebas selectivas y jubilación.

Se trata de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, complementaria a la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que tramitaba desde hace tiempo la Cámara Baja y es la norma que regula los aforamientos en España.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará previsiblemente dicha ley este mismo jueves, para su remisión al Senado, que daría luz verde en pocos días para su inmediata remisión al Boletín Oficial del Estado. Se cumpliría así el pronóstico que hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Gdansk (Polonia), donde dijo que esperaba que el aforamiento estuviera resuelto en "quince días".

En concreto, las enmiendas registradas por el PP establecen que pasarán a considerarse aforados los Reyes que abdican (ahora don Juan Carlos), sus consortes (doña Sofía), los consortes del Rey (la Reina Letizia) y los Príncipes de Asturias (de momento Doña Leonor y su futuro cónyuge).

Además, a través de una segunda enmienda se incluirá una disposición transitoria para que, en el caso de que algún tribunal esté tramitando alguna causa contra los nuevos aforados 'reales' cuando la ley entre en vigor, éstas sean suspendidas y remitidas al Tribunal Supremo.

Al mismo tiempo, el PP ha rechazado una enmienda de UPyD para suprimir de golpe todos los aforamientos, salvo los recogidos en la Constitución (Gobierno y parlamentarios), propuesta que contó con el apoyo de la Izquierda Plural y la abstención del PSOE y nacionalistas.

El portavoz 'popular' ha argumentado que ahora no es el momento de discutir el número de aforados, sino que será cuando llegue en octubre a la Cámara el proyecto de ley del Gobierno sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.

El portavoz del PP en materia de Justicia, José Miguel Castillo Calvín, ha apelado a la "impagable deuda de gratitud" hacia Juan Carlos I para reclamar un "amplio" respaldo del Parlamento a esta iniciativa. "Es una cuestión oportuna y necesaria", ha indicado, para considerar un ejercicio de demagogia que se "confunda fuero con privilegio".

Sin embargo, los grupos no han dado su apoyo al texto entre críticas por la acelerada tramitación que ha impedido una reflexión "rigurosa y de calado" sobre un tema tan "sensible", según han argumentado la diputada socialista Meritxell Batet y el parlamentario de CiU Jordi Jané.

Desde el PNV, Emilio Olabarria ha rechazado el "desmesurado" aforamiento, que, según ha advertido, "levanta tantas suspicacias que nace viciado por la sombra de la sospecha".

La diputada de UPyD, Irene Lozano, ha mostrado sus reservas a este "aforamiento plus" que se extiende al ámbito civil y ha advertido de que ningún país de la Unión Europea cuenta con 10.000 aforados, que gozan de una Justicia "cómoda". "No se puede decir que nos preocupa la corrupción y acabar con los privilegios y al mismo tiempo ahondar en ello", ha espetado.

"¿Qué se trata de ocultar, por qué este blindaje excepcional del Rey y de la Familia Real?", ha preguntado el diputado de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, que ha defendido que el fuero debe estar aparejado al cargo y que esta medida lanza un mensaje de "desacato" a la Justicia.

"Es el mensaje de que a mí no me juzga un juez Castro, no me juzga un juez ordinario, me juzga un juez catedrático porque yo no soy el ciudadano Juan Carlos, sino el Rey emérito y a la Familia Real solo se juzga ante el Tribunal Supremo y ante Dios", ha exclamado Llamazares, que ha criticado la "agosticidad y alevosía" con la que se tramita el cambio legal en un contexto "repugnante de olor al caso Nóos".

El diputado de Amaiur Sabino Cuadra ha expresado sus reservas por la intención del PP de "blindar el pasado, el presente y el futuro" de don Juan Carlos y de miembros de la Familia Real. "Es un despropósito", ha indicado, para concluir que no existen precedentes en la Unión Europea.