El Congreso pospone al 7 de junio la aprobación del plan de trabajo de la comisión sobre el PP ante la falta de acuerdo

La comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP ha pospuesto hasta el próximo 7 de junio la aprobación de su plan de trabajo ante la falta de acuerdo para poder cerrar esta cuestión este miércoles, en la que ha sido la primera reunión celebrada por este órgano que se constituyó hace dos semanas en el Congreso.

Tras casi tres horas de reunión a puerta cerrada, los grupos sólo han llegado a un acuerdo relativo al formato de las comparecencias, que se desarrollarán siguiendo el sistema de interrogatorio judicial, es decir, mediante pregunta-respuesta.

En principio, si se trata de una sesión para escuchar a un único compareciente cada grupo contará con 20 minutos para interrogarle, tiempo que se reducirá a 10 minutos si se cita a más de una persona. Si bien esta es otra de la cuestiones que deberá concretarse el día 7 porque el PP ha cuestionado este esquema.

En ese próximo encuentro tendrá que delimitarse también si las comparecencias se deciden por mayoría o si se reserva a cada grupo un cupo mínimo para que pueda citar a quien quiera. El PSOE y Ciudadanos son partidarios de la primera opción, mientras que el PP prefiere la segunda para una mayoría no tenga capacidad de veto.

La comisión ha encargado un informe jurídico al respecto que se analizará el día 6 de junio, en la reunión que mantendrán la Mesa y los portavoces de la comisión, para preparar la sesión del día siguiente en la que se pretende aprobar el plan de trabajo. Eso sí, cada grupo deberá registrar su propuesta a más tardar el 2 de junio.

DELIMITAR EL ÁMBITO TEMPORAL

Otro de los puntos de discrepancia es el ámbito temporal que debe abarcar la investigación, puesto que, mientras los socialistas y Unidos Podemos quieren que se investigue al PP desde sus orígenes, el PP y Ciudadanos apuestan por fijar el periodo que va desde 2003, cuando Mariano Rajoy es nombrado presidente del partido, hasta la actualidad. No obstante, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado que si hay que "tirar del hilo y pedir comparecencias previas a esa etapa", su partido no se opondrá.

En la reunión de este miércoles, el PSOE ha vuelto a defender que Rajoy sea el primero en comparecer, lo que, según ha explicado la portavoz Isabel Rodríguez, no sería óbice para que se le pudiera volver a citar después. Sin embargo, en principio, tanto Unidos Podemos como Ciudadanos son partidarios de que sea el último compareciente para que pueda responder a todas las dudas que dejen abiertas quienes le precedan.

Para Rivera, sería "insólito" tener que llamar a Rajoy dos veces y un "error" que acudiera el primero sin que se le pudiera interrogar sobre lo que dicen otros comparecientes. De su lado, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, ha insistido en la conveniencia de que el jefe del Ejecutivo no acuda al Congreso en pleno verano, tal y como ha pedido hacer en la Audiencia Nacional, que le ha citado como testigo en el juicio del 'caso Gürtel', y donde quiere testificar mediante videoconferencia los días 26 o 27 de julio.

Por su parte, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha asegurado que su formación no pondrá trabas a la comparecencia de su líder y que acudirá cuando lo decida la mayoría. De ser citado el primero, su comparecencia podría fijarse para finales de junio o julio.

AZNAR, COSPEDAL, CASCOS Y BÁRCENAS

Además de Rajoy, el PSOE quiere citar a su predecesor en la presidencia del partido, José María Aznar; a la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, y a sus antecesores (Ángel Acebes, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos).

También ha incluido en su lista a los ex vicesecretarios generales Rodrigo Rato y Ana Mato y a casi todos sus gerentes y tesoreros, incluidos Rosendo Naseiro y Luis Bárcenas, y los responsables de finanzas del partido en Baleares, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, así como exdirigentes del PP en estos territorios.

La relación de comparecientes propuesta por el PSOE se completa con expresidentes autonómicos como Esperanza Aguirre, Ignacio González (en prisión por la 'Operación Lezo'), Jaume Matas, Francisco Camps o Pedro Antonio Sánchez, así como con el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, en prisión preventiva por la trama Púnica, y al que el juez ha fijado una fianza de 400.000 euros para ser puesto en libertad.

UDEF, LA UCO Y EMPRESARIOS

Asimismo, quiere llamar a quienes actuaron como comisionistas o asesores fiscales o participaron en las tramas a investigar --como el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo o Alvaro Pérez 'El Bigotes'-- y a los empresarios, donantes y demás personas investigadas judicialmente.

Los socialistas también demandan que se envíe a la comisión la documentación sobre las actuaciones judiciales en curso que afectan al PP y varios informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía, a algunos de cuyos responsables y exresponsables también quiere citar Unidos Podemos, que mete en su listado a agentes de la UCO de la Guardia Civil que trabajan en el 'caso Lezo'.

El grupo que capitanea Irene Montero quiere escuchar, asimismo, a los máximos exdirigentes del PP, y a una serie de periodistas y empresarios, entre los que figuran Luis del Rivero (SACYR), Juan Miguel Villar Mir (OHL) y José Mayor Oreja (FCC).

Entre la documentación requerida por Unidos Podemos destacan los sumarios de los grandes casos de corrupción que afectan al PP y la que ya se aportó a todas las comisiones de investigación sobre estos asuntos realizadas en distintos parlamentos autonómicos o ayuntamientos.