El Congreso rechaza derogar la ley que facilitó la salida de empresas de Cataluña tras el referéndum de 1 de octubre

Aunque la iniciativa se debatió el pasado martes, no se ha votado esta este jueves. Durante el debate, el portavoz presupuestario del PDeCAT, Ferrán Bel, aseguró que aquel decreto ley supuso "expropiar la capacidad de los accionistas" para decidir "algo que es básico" y que, a su juicio, corresponde decidir a la Junta de Accionistas, "los verdaderos propietarios de la empresa y no el Consejo de Administración".

A su juicio, se alegaron "motivos meramente técnicos" para modificar la Ley de Sociedades de Capital cuando, según el diputado de la antigua Convergència, se demostró que "había otra motivación": "Se había celebrado un referéndum que no tenía que haberse celebrado nunca y para el que no iban a llegar las urnas. El Gobierno tenía que reaccionar ante aquel fracaso", dijo.

Además, señaló que, si en Cataluña marcharon 2.536 empresas en 2017, de la Comunidad de Madrid salieron 1.279, sin que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, estuviera proclamando la independencia, y pidió permitir que sean los accionistas los que puedan acordar la vuelta del domicilio social.

"¿LLAMÓ EL REY A EMPRESAS PERSONALMENTE?"

"¿Es cierto que Felipe VI llamó a ciertas empresas personalmente para recomendar a empresas que salieran de Cataluña? Lo dice la propia Seat", preguntó el diputado de ERC Gabriel Rufián, que cree que "el peligro para la economía no es votar, sino evadir impuestos". Rufián, quien sostiene que Cataluña continúa líder en inversión extranjera, animó a hablar 40 minutos con el exconseller Oriol Junqueras, encarcelado en Estremera, para saber cómo gestionar una economía.

Por parte de Unidos Podemos, Josep Vendrell (En Comú) criticó que este decreto buscaba "enseñar el camino de salida y provocar miedo económico". "No fue la amenaza de ningún corralito, fue el clima que se generó y generó el propio Gobierno", explicó, como razón de la marcha de sociedades, antes de criticar también "la huida de la realidad del Govern", encuadrándola como "puro pensamiento mágico".

Asimismo, lamentó que el Gobierno de Mariano Rajoy "siempre" recurra al "argumento del miedo y la amenaza, nunca al del 'mejor juntos'". "Cataluña no tiene Gobierno del Estado, que es hostil; tampoco de la Generalitat para recuperar los centros de decisión. La irresponsabilidad de las élites de España y Cataluña la paga la gente común", denunció.

Idoia Sagastizabal, portavoz económica del PNV, recordó que su grupo ya votó en contra de la convalidación de este decreto pues "no obedecía a ninguna necesidad de las empresas ni jurídica, sino una necesidad política ante una coyuntura determinada".

Aunque recalcó que el cambio de domicilio no tiene impacto económico alguno, llamó a adoptar una postura más prudente por las posibles consecuencias, y emplazó al Gobierno a preocuparse por la creciente deslocalización de empresas que, por ejemplo, marchan de Galicia para ubicarse en Portugal.

¿Y POR QUÉ HUYEN LAS EMPRESAS?

Frente a estas posturas, el 'popular' Jordi Roca Mas apuntó que los argumentos de los independentistas en favor de su iniciativa son "mentira, como el 'Espanya ens roba', el déficit fiscal y que las empresas no se iban a ir", y que su único objetivo es "alimentar el falso agravio y el resentimiento",

A su juicio, lo que hay que preguntarse es "por qué huyen las empresas", si por "un decreto que da libertad" o porque los partidos independentistas "están empeñados en eliminar todo lo español de Cataluña". "La hispanofobia es una forma de xenofobia. ¿Cómo no van a huir de ustedes las empresas?", añadió.

Por parte del PSOE, José Zaragoza, del PSC, dijo no entender que Carles Puigdemont pueda irse a Waterloo y en cambio un empresario no pueda mudar su sede y reclamó "una reflexión" desaconsejando cambios que podrían tener problemas de retroactividad.

"Nadie debería estar contento con la situación", reconoció, cargando contra ERC y PDeCAT: "Lo que están haciendo es, una vez más, perjudicial para la economía catalana. No aciertan ni una", les soltó, culpando a a las formaciones independentistas de generar una "inestabilidad política, social y económica permanente".

Por último, el portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, enumeró las más grandes empresas que, dirigiéndose a la bancada de PDeCAT y ERC, dijo que se fueron "por su culpa" y "sus políticas incompetentes". Además, argumentó que la derogación acabaría provocando inseguridad jurídica y "un corralito". "No han aprendido absolutamente nada del desastre que han causado", se lamentó.