El Congreso acepta discutir la reforma electoral del PP para poder evitar elecciones en Navidad

La fecha del 25 de diciembre vino determinada por la decisión de convocar el debate de investidura de Mariano Rajoy los pasados 30 y 31 de agosto, ya que es la Constitución la que establece que, pasados dos meses desde la primera votación fallida y si nadie logra superar la investidura, las Cortes quedaran disueltas para celebrar nuevas elecciones.

Según figura en la iniciativa recogida por Europa Press, las elecciones generales que se convoquen en cumplimiento del precepto constitucional que fuerza la disolución de las Cortes por falta de investidura, artículo 99 de la Constitución, deben considerarse una repetición de los comicios anteriores y, al ser una "situación anómala", se pueden acortar los plazos y aceptar como válidos trámites realizados para la cita electoral precedente.

Lo que plantea el PP es añadir una disposición adicional a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para regular las elecciones que se convoquen en esos casos de repetición de comicios, pero los cambios no se aplicarán al procedimiento ordinario.

DE 54 A 47 DÍAS DE PERIODO ELECTORAL

El primer cambio es reducir de 54 a 47 días el periodo desde la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de los comicios, y el grueso del recorte se aplica en la fase de la campaña electoral, que pasa de quince a ocho días de duración. Además, incluye un artículo instando a las formaciones parlamentarias a alcanzar un acuerdo que permita reducir los gastos de esta campaña corta.

Además, y para agilizar los trámites, se prorrogan las mismas juntas electorales provinciales y de zona de los comicios anteriores, se permite a los partidos ratificar sus representantes legales y se da opción a dar por renovadas las mismas coaliciones que se inscribieron la vez anterior y a aprovechar las candidaturas de la convocatoria precedente. Incluso los partidos extraparlamentarios ya no tendrán que volver a recoger avales porque les sirven los que presentaron la última vez.

Igualmente, los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) no tendrán que volver a formalizar el llamado voto rogado pues se les permite aprovechar la solicitud que presentaron la vez anterior.

Por otro lado, la proposición de ley establece que los contratos que deba firmar el Ministerio del Interior para llevar a cabo el proceso electoral seguirán el procedimiento excepcional reservado para casos "de emergencia", dada la premura con que deben organizarse los comicios.

EL JUEVES, APROBACIÓN DEFINITIVA

Una vez tomada en consideración, la iniciativa volverá a debatirse este jueves en el Pleno del Congreso donde ya se aprobará la redacción definitiva, con las enmiendas parciales que se consideren oportunas.

De ahí se enviara al Senado para completar la tramitación parlamentaria la próxima semana y después se publicará en el BOE antes del 28 de octubre para que esté en vigor el 1 de noviembre, que es cuando se expedirá y publicará el decreto de convocatoria de los comicios si antes no ha habido investidura.