El Congreso define hoy prioridades y número de comparecencias de la comisión de investigación de Fernández Díaz

El Congreso definirá este martes las prioridades con las que trabajará la comisión de investigación sobre la supuesta utilización partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz y fijará el número de comparecientes que desfilarán por ese órgano en los próximos dos meses, que es el plazo que PP, PSOE y Ciudadanos quieren darse para poder elevar en junio las correspondientes conclusiones al Pleno del Congreso.

Los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en la citada comisión, que está presidida por el peneuvista Mikel Legarda, se reunirán este martes para poner en común sus respectivos planes de trabajo y diseñar la metodología y el calendario con el que trabajará ese órgano.

Asimismo, decidirán qué documentación requerirá la comisión tener en su poder para su labor investigadora, así el número de comparecientes que citarán a la misma y el cupo máximo de solicitudes con el que contará cada grupo.

Por tanto, aunque los portavoces consultados por Europa Press ya tienen pensada buena parte de los comparecientes que quieren convocar a esa comisión, en el encuentro de este martes no se prevé a priori que se pongan aún los nombres encima de la mesa.

FERNÁNDEZ DÍAZ Y DE ALFONSO, TESTIMONIOS FIJOS

No obstante, todos dan por seguras las explicaciones de Fernández Díaz y del ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso, como protagonistas de las conversaciones difundidas y que dejan en evidencia, según el PSOE, que el exministro organizó una "policía política" que actuó "fuera de la legalidad para perseguir a adversarios políticos". Su comparecencia parlamentaria dependerá, no obstante, de su delicado estado de salud.

Antes de hablar de las personas que desfilarán por la comisión, Legarda les sugirió en su último encuentro, nada más constituirse, que pensaran primero en la documentación que verían necesario que la comisión solicitara y que, posteriormente, cada grupo diseñara su propio listado de comparecencias.

Así, el PP, el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y el PDeCAT pretenden solicitar al Ministerio del Interior el informe que Fernández Díaz ordenó realizar a la Policía Judicial sobre las escuchas y que dio pie a la Fiscalía para archivar las diligencias.

Además del auto del archivo de la querella de CDC contra Fernández Díaz y De Alfonso que dictó el Supremo, los 'populares' también demandarán al Parlamento catalán las actas de la declaración del que fuera director de la Oficina Antifraude Catalana, mientras que los socialistas también prevén solicitar información de otras administraciones públicas y también del ámbito privado.

En todo caso, los socialistas plantearán delimitar el tiempo de respuesta (un mes) con el que cuenta el Ministerio del Interior ante las demandas de información que le reclame la comisión de investigación.

CS SE CENTRA EN LAS ESCUCHAS EN EL DESPACHO OFICIAL

De su lado, Ciudadanos centra su plan de trabajo en la grabación de las conversaciones que tuvieron lugar en el despacho oficial de Fernández Díaz y pretende depurar responsabilidades de todos aquellos implicados en las escuchas, evitar que estas "irregularidades" se repitan en un futuro y acabar con la utilización "partidista" de Interior llevada a cabo por los gobiernos anteriores.

ERC, por su parte, abre un amplio abanico de frentes para investigar desde la actuación policial, los servicios secretos (CNI) y la Fiscalía hasta el papel jugado por el PP nacional y catalán pero también por el Gobierno y, singularmente, el Ministerio de Interior.

A la reunión de este martes, el PP también tiene previsto llevar el calendario que con el que le gustaría que trabajara la citada comisión, que considera que no debería alargarse más allá de finales de mayo con el fin de que, en lo posible, coincida el menos tiempo posible con la comisión de investigación sobre el rescate bancario, que debe quedar constituida antes de que acabe abril.

El PSOE y Ciudadanos coinciden en este planteamiento, si bien mientras que los socialistas pretenden que al menos se celebren dos tandas de comparecencias y que cada grupo tenga un cupo máximo de cinco propuestas, los de Albert Rivera quieren citar en esa comisión a un máximo de una quincena de personas.

Desde el PP, sin embargo, consideran que en un primer turno no debería haber más de dos o tres comparecientes, entre los que sitúa ya a Fernández Díaz y De Alfonso. Aunque es consciente de que no cuenta con mayoría absoluta y que la oposición demandará más, el PP defiende que esa comisión debe trabajar con "seriedad" y ceñirse al objeto para la que ha sido creada.

Para esa comisión el PSOE también planteará que haya cuestionarios previos para los comparecientes, similares a los que existen en el ámbito judicial, si bien el PP ya avanza que esta propuesta no se ajusta al Reglamento.

NI RAJOY, NI LOS COMISARIOS

Además de Fernández Díaz y De Alfonso y posiblemente el exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, los grupos, entre ellos ERC y PDeCaT, también se plantean citar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Los independentistas catalanes y Unidos Podemos también quieren llamar a la presidenta del PP catalán y actual secretaria primera de la Mesa del Congreso Alicia Sánchez Camacho, y al jefe de gabinete del presidente, Jorge Moragas, después de que el diario 'Público' publicara que fueron los urdidores de la llamada 'Operación Cataluña'. Ambas propuestas no contarán con aval del PP.

Asimismo, Unidos Podemos, ERC y PDeCAT también tienen previsto reclamar en a la comisión de investigación a los mandos policiales que acompañaron a Fernández Díaz durante su etapa en el Ministerio del Interior, entre ellos al comisario José Villarejo, ya jubilado, quien declaró en sede judicial haber trabajado hasta el año 2012 en cuestiones relativas al secesionismo catalán, en lo que se conoce como 'Operación Cataluña', para intentar desacreditar a políticos catalanes.

Sin embargo, tanto 'populares' como socialistas comparten la idea de que la comisión de investigación no puede convertirse en un "circo" y piensan hacer valer sus votos --en esa comisión rige el voto ponderado-- para echar por tierra la pretensión de usar el Congreso como altavoz de los comisarios, varios de ellos implicados en investigaciones judiciales abiertas.