El Congreso retira del Pleno de mañana el informe de las actividades privadas de diputados y pedirá más datos

Ese informe, al que tuvo acceso Europa Press, reconoce que un total de 74 diputados, la quinta parte de la Cámara, compagina el escaño con el ejercicio de una actividad profesional o la participación en negocios privados. La cifra se eleva a unos 120 diputados, un tercio del Congreso, si se suma al medio centenar de parlamentarios que también ocupan un cargo municipal, bien de alcalde o bien de concejal.

La Comisión del Estatuto del Diputado aprobó el dictamen con la única abstención del PSOE y este jueves debía votarse en el Pleno, como siempre en una sesión a puerta cerrada y sin que se dé a conocer el resultado ni el sentido de voto de los grupos.

Los socialistas pidieron votación separada sobre unos 35 casos de diputados del PP, Unidos Podemos y PSOE sobre los que dice tener dudas de que puedan compaginar su escaño con el ejercicio de actividades extraparlamentarias para poder votar en contra. Sin embargo, y según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, los servicios jurídicos de la Cámara avisaron de que el dictamen suele votarse en bloque.

Finalmente, y según confirmaron fuentes parlamentarias, el debate y votación del informe se ha retirado del Pleno de este jueves y el

dictamen se ha devuelto a la Comisión del Estatuto de los Diputados para que se estudien las propuestas del PSOE para recabar más información sobre las compatibilidades que se piden y poder comprobar que se cumplen. Es la primera vez en 40 años que se retira el dictamen del orden del día.

El PSOE se felicita por esta "acertada decisión", que achaca a su "presión", y espera que ahora se tomen las medidas necesarias en la comisión para evitar que se repitan casos como los de Vicente Martinez Pujalte o Pedro Gómez de la Serna, acusados de utilizar el escaño para cobrar comisiones.

ABOGADOS, DOCENTES, CONSULTORES, ACTORES, PERIODISTAS

El dictamen retirado propone autorizar el ejercicio de la abogacía a 17 diputados, entre ellos los 'populares' Rafael Hernando (portavoz del Grupo Popular), Leopoldo Barreda (presidente de la comisión) y Francisco Martínez (ex secretario de Estado de Seguridad); Gloria Elizo (miembro de Mesa) y Sara Carreño (portavoz en la misma comisión), de Podemos; Pedro Muñoz, del PSOE, y Patricia Reyes, de Ciudadanos. A ellos se suman dos procuradores de tribunales, Avelino Barrionuevo (PP) y Jaume Moya (En Comú).

Se autoriza además el ejercicio ocasional de la docencia o la dirección de tesis a 24 diputados, entre los que se hallan María Jesús Moro, Alicia Sánchez Camacho y María Jesús Bonilla (PP), Marta Martín (Cs), Carolina Bescansa y Pablo Bustinduy (Podemos), Rafael Simancas y Meritxell Batet (PSOE), y Ferran Bel (PDeCAT).

Con trabajos de consultoría y asesoría aparecen Javier Ruano y Teófilo De Luis, ambos del PP. Figuran además tres arquitectos, dos del PP (Ana María Zurita y Raquel Alonso) y uno de Ciudadanos (Diego Clemente), que además ejerce como perito judicial--, así como tres actores: Rosana Pastor (Podemos), y Toni Cantó y Félix Álvarez "Felisuco", ambos de Ciudadanos.

Al margen de las decenas de diputados que participan en tertulias de medios de comunicación, hay tres que declaran actividades profesionales periodísticas: la escritora y articulista Marta Rivera de la Cruz, de Ciudadanos, y dos dirigentes de Podemos: Noelia Vera (redactora y presentadora de La Tuerka) y Pablo Iglesias (dirige y presenta Fort Apache).

La lista se completa con un viticultor --Miguel Angel Viso con viñedos familiares de Ribeiro), un jornalero (Diego Cañamero, de Podemos) y un inscrito en el régimen agrario pero aún sin rentas (Miguel Barrachina, del PP).

ACCIONISTAS O GESTORES DE SOCIEDADES

Igualmente, hay otros 17 diputados que declaran tener participación o figurar en cargos gestores de sociedades activas, algo que la Cámara Baja suele autorizar siempre que no contraten ni cobren del sector público.

Así, la diputada del PP Carmen Álvarez Arenas, es consejera delegada de una empresa familiar de prestación de servicios sin contratar con la administración, aunque una de ellas, como centro especial de empleo, percibe subvenciones.

La ministra de Agricultura, Elena García Tejerina, es dueña de una planta fotovoltaica, mientras que el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, declara una central solar fotovoltaica de dos Kw. Carlos Rojas, del PP, es accionista de una empresa de producción agrícola y Joan Capdevilla, de ERC, cuenta con una clínica veterinaria.

El número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, es administrador único de una sociedad mercantil de servicios de asesoría jurídica, fiscal y laboral. Su compañera de dirección Melisa Rodríguez es diseñadora de joyas y tiene su propia empresa, mientras que Patricia Reyes, es administradora de la entidad mercantil Yayay Ediciones; Elena Faba es administradora de tres sociedades mercantiles de márketing digital; José Cano Fuster es apoderado de la empresa familiar de restauración El Xato; y Miguel Angel Garaulet, también de Ciudadanos, es administrador único de dos sociedades mercantiles, una de consultoría y otra de intermediación de comercio.

Por último, entre los diputados hay patronos de fundación y presidentes de entidades sin ánimo de lucro. En ellos, Carmen Quintanilla, presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), y Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y de la Fundación Miguel Angel Blanco.

Y ADEMÁS, LOS CARGOS MUNICIPALES QUE PUEDEN COBRAR DIETAS

Y junto con las actividades privadas, en el documento se mencionan hasta ocho alcaldes con escaño, la mitad de ellos del PP: Carmelo Romero (Palos de la Frontera, Huelva), Antonio González Teror (Boadilla del Monte, Madrid), Carmen González Guinda (Garrafe del Toro, León), y Fernando Martínez Maillo (Casaseca de las Chanas, Zamora), aunque éste último anunció que dejaba la alcaldía tras el congreso del PP.

También hay dos alcaldes del PDeCAT --Ferrán Bel, de Tortosa (Tarragona) y Sergi Miquel, de Llagostera--, uno del PSOE --Pedro Muñoz, de la localidad abulense de Cebreros-- y otro de En Comú, Félix Alonso, de Altafulla (Tarragona).

Asimismo, figuran 41 concejales de distintos partidos, la mayoría de ellos del PP, como Arturo García Tizón (Toledo), Teófila Martínez (Cádiz), Elena Bastidas (Alzira) y María Jesús Bonilla (Tarancón) y Pedro Acedo (Mérida); también hay de Ciudadanos --Patricia Reyes (Boadilla) y Diego Clemente (Roquetas)--, del PNV

--Idoia Sagastizabal, de Lekeitio-- y de Nueva Canarias --Pedro Quevedo, en Las Palmas--.

Dos de ellos, son asimismo diputados provinciales: Arturo García García Tizón y Alonso Díaz Guerra, de Toledo. A la lista de cargos locales se suma Ana Zurita, también del PP, que forma parte del Cabildo Insular de Tenerife.

La comisión subraya en su informe que la ley no ve incompatible el escaño con estos cargos locales siempre que no perciban retribuciones de sus ayuntamientos, aunque sí se les posibilita cobrar dietas por asistencia a las reuniones de los consistorios.

Por el contrario, sólo 75 diputados "no declaran ostentar ningún cargo, ni ejercer ninguna actividad". Entre ellos figuran los 'populares' Celia Villalobos, Teresa de Lara, Carolina España, Rafael Merino, Rosa Romero y Ramón Aguirre (expresidente del ICO); los socialistas Ciprià Ciscar, José Zaragoza (PSC) y Ricardo Cortés; Xavier Domènech, Txema Guijarro y Alexandra Fernández de Unidos Podemos y sus confluencias; Aitor Esteban, del PNV; y Ana Oramas, de Coalición Canaria.