El Congreso pide más datos al Gobierno sobre sus dos últimos vetos y paraliza la tramitación de las iniciativas

La Mesa del Congreso ha pedido más datos al Gobierno sobre los dos últimos vetos que ha presentado a proposiciones de ley y mientras tanto ha paralizado la tramitación de las iniciativas afectadas: una de Esquerra (ERC) para ampliar la Ley de Memoria Histórica y otra del Parlamento gallego para apoyar a preferentistas.

La Constitución otorga al Ejecutivo la capacidad de vetar iniciativas parlamentarias que considera que alteran los Presupuestos Generales en curso, ya sea por aumento de gasto o por reducción de ingresos. Acogiéndose a este precepto, el Gobierno de Mariano Rajoy lleva rechazadas esta legislatura 21 proposiciones de ley de distintos grupos de la oposición y de parlamentos autonómicos, las últimas el pasado viernes.

Por un lado, vetó la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de Esquerra Republicana (ERC) para reformar la Ley de Memoria Histórica y ampliar las indemnizaciones a las víctimas del franquismo.

Según se recoge en el escrito de disconformidad registrado en el Congreso y al que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno avisa de que la propuesta conlleva un incremento "significativo" del gasto público, si bien asegura que le resulta "imposible" cuantificar de forma detallada todas y cada una de sus disposiciones, dada su "ambigüedad".

AMPLIAR LA LEY DE MEMORIA COSTARÍA MÁS DE 4.300 MILLONES

Lo que sí puede calcular es que al menos dos de las medidas propuestas por ERC, ampliar indemnizaciones y realizar dos series documentales, conllevarían una alteración de los Presupuestos en curso por un coste extraordinario de más de 4.300 millones de euros.

El otro veto se refiere a una proposición de ley aprobada en 2014 por unanimidad en el Parlamento gallego --donde el PP cuenta con mayoría absoluta-- para que los inversores minoristas en participaciones preferentes de entidades bancarias rescatadas por el Estado puedan recuperar íntegramente su dinero.

La iniciativa gallega, promovida inicialmente por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), propone modificar una de las leyes de la reestructuración bancaria, con la que en 2012 se fijaron los procedimientos para resarcir a los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada. Según el Gobierno, su aplicación habría encarecido el rescate en casi 10.000 millones y provocaría un aumento del déficit público.

NO HAY PLAZO DEFINIDO PARA RESPONDER

Estos dos escritos de disconformidad han sido recibidos este martes en la Mesa del Congreso que ha acordado pedir más datos al Gobierno antes de tomar una decisión sobre si acepta o no el veto. Eso sí, mientras Moncloa responde, para lo que no tiene plazo, las iniciativas seguirán congeladas.

En lo que va de legislatura, 19 de las 21 iniciativas vetadas por el Gobierno se hallan paralizadas, la mayoría definitivamente al aceptarse la argumentación del Gobierno y el resto a la espera de ampliación de datos.

Sólo dos de ellas continuaron su tramitación por decisión de la Mesa del Congreso, donde el PP no tiene mayoría: son las referidas a la paralización de la LOMCE y a la equiparación de condiciones laborales de los trabajadores de empresas de subcontratas, lo que motivo que el Gobierno presentara sendos recursos ante el Tribunal Constitucional.