El conductor es condenado por nueve delitos de homicidio por imprudencia grave, once delitos de lesiones por imprudencia grave y dos delitos de lesiones por imprudencia grave. También es condenado con la prohibición de conducir durante cuatro años y seis meses, junto con el abono a los familiares de los fallecidos, en concepto de responsabilidad civil y junto a la compañía aseguradora, de indemnizaciones por valor 89.000 euros.
El fallo, contra el que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, absuelve a la junta de Castilla y León de cualquier responsabilidad civil subsidiaria.
