Concluye la fase de declaraciones de los investigados en el caso de las audioguías de la Alhambra

En esta causa se investiga la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales en torno a las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación del servicio de audioguías de la Alhambra, considerado el monumento más visitado de España.

Para este lunes estaba citado el responsable de la empresa a la que se adjudicó el servicio, si bien fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que finalmente han sido dos las personas que han declarado en esta última jornada de comparecencias. Ahora seguirá la instrucción de la causa y el juez resolverá sobre la necesidad de practicar o no otras diligencias de investigación.

En esta ronda de declaraciones, que ha implicado a seis personas, se abrió el pasado 26 de abril con el que fuera jefe de la Sección Económica y de Contabilidad del Patronato de la Alhambra José María Visedo y ha incluido la comparecencia de la que exdirectora del monumento, María del Mar Villafranca, que dimitió del cargo por esta causa.

Villafranca afirmó ante el juez haber actuado "conforme a los informes técnicos" y "con soporte legal", garantizando que los intereses públicos del Patronato al que ella representaba "han estado salvaguardados".

En contraposición, cuestionó la "imparcialidad" de la auditoría que la Intervención General de la Junta de Andalucía ha realizado en el conjunto monumental a raíz de este caso, afirmando que se trata de un "informe político" que fue solicitado por el PP en sede parlamentaria y aportado por la Junta a pesar de que el Juzgado de Instrucción 4 no lo solicitó.

En días pasados también han declarado la exsecretaria general de la Alhambra Victoria Chamorro y el interventor delegado de la Alhambra, que defendieron la legalidad de su gestión; a ellos se han sumado otras dos personas más vinculadas a la empresa Stendhal Museum Solution.

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada les citó en un auto en el que acordó la incoación de nuevas diligencias previas para investigar todo lo relativo a la ampliación de la querella que la Fiscalía presentó en julio de 2015 y que dio lugar a este procedimiento.

El juez tomó esta decisión al considerar que la relación de empresas, personas y hechos sobre los que se amplió la querella inicial, dando lugar a una causa que sumó entonces diez investigados más y amplió el objeto de la investigación a siete nuevas empresas que mantuvieron relaciones contractuales o comerciales con la Alhambra, "no guardan una conexión temporal, espacial o teleológica" con el caso que fue origen del procedimiento.

Así, optó por incoar nuevas diligencias previas, sin que esto suponga la creación de una pieza separada, alegando que "la instrucción separada de los dos procesos es perfectamente válida y posible".