La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas designa 33 nuevos operadores

Con el visto bueno a estos nuevos planes estratégicos sectoriales se cubren ya nueve de los principales sectores nacionales de producción y se alcanza el número de 150 operadores críticos.

Estas designaciones continúan el proceso de implantación del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas iniciado en 2014, con la aprobación de los primeros Planes (electricidad, gas, petróleo, nuclear y financiero), y continuados en 2015 (agua, transporte marítimo, aéreo, ferroviario), carretera), 2016 (industria química y espacio) y 2017 (tecnologías de la información y la comunicación).

Los nuevos operadores críticos designados, además de cumplir con una serie de obligaciones derivadas de la Ley 8/2011, pasan a formar parte del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas, lo que conlleva una especial relación con las autoridades competentes, a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Deberán poner en marcha una serie de planes de protección específicos sobre el conjunto de sus infraestructuras, que serán complementados por la aplicación de los correspondientes planes operativos previstos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en su caso, por las Fuerzas Armadas.

Uno de los principales objetivos que se pretende lograr es el fortalecimiento de la seguridad, no sólo de las infraestructuras críticas españolas, sino también del sistema de infraestructuras europeo, ya que las redes, sistemas y activos físicos de la UE se encuentran en la mayoría de los casos interconectados entre sí.

Como aspecto novedoso, estos operadores participarán en la mesa de coordinación establecida en el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y contarán con canales singularizados para el intercambio de información relevante para la seguridad de sus instalaciones, redes y sistemas.

Igualmente, podrán acceder a los sistemas de comunicación previstos por la Ley y tendrán especial consideración para la seguridad pública a la hora de implantar medidas de protección alineadas con el Plan de Protección y Prevención Antiterrorista, actualmente en nivel 4.

La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas es un órgano colegiado adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad. Entre sus competencias se encuentra la de aprobar los planes estratégicos sectoriales y designar a los operadores críticos (aquellos operadores públicos o privados que gestionan o son titulares de una o varias infraestructuras críticas).

Los Planes Estratégicos Sectoriales permiten identificar los servicios esenciales prestados a la sociedad por los sectores objeto de estudio, el funcionamiento general de éstos, las principales amenazas que se ciernen sobre los mismos y sus vulnerabilidades principales, las infraestructuras críticas que proporcionan servicio y los operadores propietarios o gestores de las mismas.

Estos planes culminan con una evaluación de las consecuencias potenciales de su inactividad, así como con una propuesta de medidas estratégicas para su mantenimiento.