Comienza el lunes la repetición del juicio por el fraude del carbón en Mina La Camocha (Asturias)

La vista oral comenzará a partir de las 9,15 horas el próximo lunes, y se prolongará a lo largo de otras 14 sesiones: 29 de mayo, 2, 5, 12, 13, 16, 19, 26 y 30 de junio, y 3, 4, 10, 14 y 17 de julio, según la información facilitada por la Fiscalía.

La investigación de este caso fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de que la Guardia Civil de Gijón detectara el movimiento sospechoso de carbón importado desde el Puerto de El Musel hasta Mina La Camocha, en 1999, y su supuesta venta a las térmicas como nacional.

Como en el juicio anterior, la Fiscalía pide para los cuatro acusados nueve años de cárcel, tes por cada uno de los tres delitos, y el pago de una multa de 5.696.400. También solicita a los procesados el pago conjunto de 17.089.200 euros, cantidad a la que ascendió el importe de las ayudas percibidas por Mina La Camocha "indebidamente" en los ejercicios de 1998, 1999 y 2000.

Si bien el primer juicio acabó con condenas de nueve años por desviar millones de ayudas al carbón para los cinco acusados, el juicio, tras la muerte de Zapico, se repetirá ahora para los cuatro restantes: Manuel Martín Martín (presidente, consejero y apoderado de Mina La Camocha), Ángel Manuel García Brugos (administrador único de Hullas de Coto Quirós), Guillermo Alfredo Honrubia Álvarez (apoderado tanto de Hullas Coto Quirós como de trabajos y Explotaciones) y Margarita García Fernández (responsable de contabilidad y apoderada de Mina La Camocha).

Esto es así tras decretar la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón que las actuaciones se devolvieran al juzgado de procedencia para que se vuelva a celebrar el nuevo juicio, tras no aceptar la declaración de hechos probados, que quedó sin efecto por "falta de imparcialidad" en la juez de Gijón que impuso la condena, Rosario Fernández Hevia.

La Audiencia llegó a mostrase muy severa con la jueza del caso, al opinar que se extralimitó en su función de dirigir los debates, llegando a realizar "preguntas innecesarias, de contenido incriminatorio, que revelaban un "juicio formado", según el Tribunal.