Comienza este martes el juicio de la Operación Campeón con un único acusado sin acuerdo con Fiscalía

Entre los acusados que llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público se encuentra el principal procesado de la trama, el empresario lucense Jorge Dorribo, que ha aceptado cinco años y 11 meses de prisión --inicialmente se pedían hasta 19 años--, así como multas económicas que ascienden a más de seis millones de euros por delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documentación mercantil, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

De los 13 iniciales, solo un acusado no llegó a pacto, Javier Rodríguez, de la empresa Proitec, quien pedirá la nulidad de la causa. Su abogado, José Luis Fiuza, en declaraciones a los medios de comunicación finalizada la vista previa, insistió en la inocencia de su cliente, quien busca "defender su honestidad".

De este modo, el juicio oral se celebrará igualmente el 24 de octubre, pues solo se habría suspendido si todas las partes hubieran pactado con la Fiscalía.

La Operación Campeón, iniciada en mayo de 2011 bajo la instrucción de Estela San José, investigó a varios cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), junto con el empresario lucense Jorge Dorribo y su socio en Nupel, entre otras personas, por supuestas concesiones irregulares de subvenciones a través de esa firma farmacéutica lucense que dirigía el principal procesado. Además, el caso salpicó también a altos cargos políticos de varios partidos, alguno eximido de responsabilidades, como fue el caso del exministro José Blanco.

ACUERDOS DE PENAS

Así, entre los que han llegado a acuerdo está el que era socio de Dorribo en Nupel, Arsenio Méndez, con dos años de cárcel --se pedían más de 10-- y el pago de más de dos millones de euros en multas por delitos contra la Hacienda pública, contables y de insolvencia punible.

También se encuentra el exdiputado del PP Pablo Cobián, quien acepta ocho meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, la inhabilitación para cargo público durante dos años y tres meses, así como una multa de más de 45.000 euros.

Por su parte, para los ex altos cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) Joaquín Varela y Carlos Silva se imponen multas de más de 2.000 euros para cada uno y un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. Contra la ex directora de financiación del Igape Cristina Quintela se ha retirado la acusación.

Otro de los socios de Dorribo, Carlos Monjero (Proitec) ha sido condenado a 10 meses de prisión. El resto de los acusados que han llegado a acuerdos aceptan meses de prisión inferiores a un año.

EL FISCAL: "TODOS LOS ACUSADOS HAN OBTENIDO LA RESPUESTA ADECUADA"

El fiscal del caso, Roberto Brezme, ha destacado --en declaraciones posteriores a la vista previa a los periodistas-- que "lo importante es la respuesta penal que tiene cada uno de los acusados", de forma que "todas las personas que estaban acusadas han obtenido la respuesta adecuada".

Además, ha concretado que la fiscalía ha tratado de "condicionar cualquier tipo de informe favorable de la suspensión o sustitución de las penas que se han pedido al esfuerzo de todos los acusados por reparar el daño causado".

Esto ha implicado "consignaciones o ingresos de cantidades económicas relevantes para dar respuesta a los intereses de la víctima", en este caso el Igape, dependiente de la Xunta de Galicia, ya que se trata de "fondos públicos sustraídos".

DEFENSA DE JAVIER RODRÍGUEZ

Por su parte, el abogado Luis Fuiza alega que la tramitación de los delitos que se le imputan a Javier Rodríguez "no ha sido la correcta, pues esta tendría que haberse llevado a cabo por la Ley de Tribunal de Juzgado". Así, sostiene que han existido diferentes nulidades y cuestiona la actuación de Vigilancia Aduanera, que intervino las conversaciones telefónicas de las que se desprenden los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

Fiuza aseguró en la vista que "las acusaciones se basan en estas conversaciones, que no denotan ningún delito, por lo que es imposible acreditarlos".

A esto añade que la investigación vulnera la Constitución y que no se dan ninguno de los "tres requisitos" del delito de tráfico de influencias (que existan un particular y un funcionario público, y que se ejerza influencia sobre este último).

En lo tocante al presunto delito de blanqueo de capitales, Fiuza insiste en que tiene el "convencimiento de que Vigilancia Aduanera es consciente de que no existe".

En esta línea, el abogado ha afirmado que "falta motivación en el acto de acusación", y que su cliente "se limitaba a recibir información sobre una posible asociación con empresarios catalanes en esas conversaciones". Asimismo, ha criticado que en los delitos que se le imputan "no hay conexión", mientras que la causa ha sido "tramitada de forma anacrónica".