Ciudadanos se marca el objetivo de que en la siguiente legislatura el poder político ya no controle al judicial

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este lunes que las reformas que su partido ha impulsado o va a proponer durante los próximos años en el ámbito judicial tienen como objetivo que en la próxima legislatura el poder político ya no controle al poder judicial y, de esa manera, exista una verdadera "separación de poderes".

"Que esta legislatura sirva para que la siguiente empiece ya con las alarmas conectadas, con instrumentos para vigilar y con independencia para hacerlo", ha declarado en un acto organizado por Cs en el Palacio de Cibeles de Madrid, donde ha presentado un decálogo de medidas para tener una Justicia independiente desde la que luchar contra la corrupción.

En su opinión, Montesquieu, que ideó la teoría de la separación de poderes, "no ha muerto". "Lo tienen secuestrado el PP y el PSOE, el bipartidismo, pero sabemos dónde está, vamos hacia allí y le vamos a volver a dar libertad", ha asegurado.

Tener una Justicia independiente es, en su opinión, un requisito necesario para combatir la corrupción, pero hasta ahora los partidos políticos "han metido las zarpas" en el poder judicial.

VIGILANTES QUE NO VIGILAN

Considera que en España hay "vigilantes que no vigilan" y algunos que "apagan las alarmas", y que eso se ha puesto de manifiesto recientemente, según Rivera, con casos de corrupción como el del Canal de Isabel II o el que afecta al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez.

El decálogo de Ciudadanos propone eliminar los partidismos en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y fortalecer la carrera de jueces y fiscales asegurando el mérito, la capacidad y la especialización, para evitar que "un juez valiente tenga castigo y un juez dócil tenga premio".

También plantea acabar con las 'puertas giratorias', regulando las condiciones en que un juez metido a político puede volver a la carrera judicial, y despolitizar el Tribunal Constitucional y los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos garantizando que sus miembros se eligen por mérito, capacidad y trayectoria y no por su proximidad a ningún partido político.

Sobre este último punto, ha indicado que no puede ser que desde las sedes nacionales del PP y del PSOE decidan los nombramientos de jueces que van a proponer los Parlamentos regionales para los TSJ y, de esa forma, los partidos "decidan quién va a juzgar por corrupción a sus políticos autonómicos".

AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA Y ELIMINACIÓN DE LOS AFORAMIENTOS

Además, Ciudadanos quiere eliminar los aforamientos políticos, tanto a nivel autonómico como nacional --en este caso con una reforma constitucional exprés--, para evitar que los políticos sean juzgados por tribunales especiales.

Respecto al Ministerio Público, la formación naranja plantea reforzar la autonomía de la Fiscalía respecto al Gobierno y la eficacia en la investigación de los casos de corrupción sin que haya injerencias políticas, modificando el Estatuto de los fiscales para que "les permita tener autonomía" e impida las injerencias. Asimismo, pretende asegurar que el nombramiento y cese del fiscal general del Estado no dependan exclusivamente del Gobierno.

Por último, el decálogo aboga por proteger a los denunciantes de casos de corrupción, que "se juegan el tipo" por denunciar y luego son "castigados por los corruptos y sus partidos"; incrementar los medios humanos, tecnológicos y materiales de la Justicia, quitar las restricciones temporales a la investigación de la corrupción y prohibir los indultos por corrupción política.

LA FISCALÍA, "INFECTADA POR LA POLITIZACIÓN"

En el acto también han participado el diputado de Cs y vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, y la portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, así como el fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada y el presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, Agustín Azparren, que fue vocal independiente en el Consejo General del Poder Judicial.

Azparren ha afirmado que "la práctica totalidad" de los jueces en España "son independientes" pero que si quieren seguir siéndolo durante toda su carrera saben que tienen que "prescindir de ir a determinados puestos" que se dan "por afinidades" con los partidos políticos. A su modo de ver, la principal medida que hay que tomar es que el CGPJ vuelva al sistema de nombramientos de 1980.

Viada, por su parte, ha señalado que la Fiscalía está "infectada de la politización de la jerarquía" ya que al fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno y, si no se garantiza su imparcialidad, "no deja de ser un amigo" que "no le puede fallar". "Ese cordón umbilical tiene que cortarse", ha subrayado.