Ciudadanos pregunta hoy al Gobierno por el recorte de 1.000 millones en duplicidades administrativas que pactaron

Roldán quería que fuera la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en su condición de responsable de administraciones territoriales, quien respondiera a su pregunta, pero el Ejecutivo ha decidido que le conteste el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.

"¿Cómo piensa el Gobierno cumplir con el punto número 2 del acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos a fin de reducir el gasto público en 1.000 millones de euros?", reza textualmente el interrogante que planteará Roldán.

El pacto firmado en agosto por el PP y Cs prevé "realizar una revisión integral e independiente del gasto público, siguiendo las mejores prácticas internacionales, para incrementar su eficiencia, identificar gasto superfluo y eliminar duplicidades administrativas".

Ciudadanos ya dejó claro hace unos meses, cuando se empezó a hablar de los Presupuestos Generales de 2017, que la puesta en marcha de esta revisión depende única y exclusivamente del Gobierno.

INGRESOS PARA FINANCIAR POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

La eliminación de duplicidades es una de las fuentes de ingresos contempladas en el acuerdo de investidura para financiar las partidas que PP y Cs se comprometieron a dedicar a políticas sociales y económicas. Concretamente, en 2017 se espera conseguir un ahorro de 1.000 millones de euros, que aumentaría a 2.000 millones para cada uno de los tres años siguientes.

Además de esos 1.000 millones, el pacto estimaba para este año unos ingresos de 3.000 millones gracias a la reforma del Impuesto de Sociedades y otros 1.000 millones de la recuperación del dinero de la amnistía fiscal de 2012 y de la lucha contra el fraude.

PRESTACIÓN EFICIENTE Y RACIONAL DE LOS SERVICIOS

La supresión de duplicidades administrativas y de organismos innecesarios se enmarca en un proceso de reforma de las Administraciones públicas, en particular, de las locales, según dice el acuerdo.

PP y Ciudadanos se comprometieron a promover reformas que garanticen "una prestación eficiente y racional de las competencias y servicios prestados por todos los niveles administrativos" a fin de generar ahorros que se destinarán, a medida que se vayan produciendo, a políticas sociales y medidas para la mejora de la competitividad.

Además, aseguran que ninguna de las actuaciones pondrá en riesgo los servicios públicos que prestan esas administraciones a los ciudadanos, especialmente en los municipios de menos de 20.000 habitantes.