Ciudadanos insta al Gobierno a suprimir las tasas judiciales a pymes y ONG, como mandató el Congreso

El pasado 18 de octubre, la Comisión de Justicia aprobó por unanimidad un texto que combinaba una proposición no de ley del PSOE y otra de la antigua Convergència (PDeCAT) sobre la modificación del régimen de tasas judiciales que aún se mantenía tras la rectificación del Gobierno del PP y la sentencia contraria del Tribunal Constitucional.

La Comisión de Justicia pidió al Ejecutivo que modificase, en un plazo de tres meses, el artículo siete de la Ley 10/2012 por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.

El texto hacía referencia a las sociedades mercantiles cuya cifra de negocio sea inferior al millón de euros y ampliaba la excepción no solo a las entidades sin fines lucrativos, sino también a las organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo fundamental atienda a la defensa y protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, las necesidades de bienestar económico y social o a la sostenibilidad, protección y regeneración del medio ambiente.

HAN PASADO LOS TRES MESES DE PLAZO

Transcurrido el plazo fijado, Ciudadanos ha preguntado por escrito al Gobierno si piensa "cumplir el mandato unánime del Congreso de los Diputados y suprimir las tasas judiciales a las pymes y las ONG". Y, en caso afirmativo, quiere saber cuándo lo hará y si se están haciendo las modificaciones oportunas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo debe llevar a la Cámara Baja.

"Esperamos que el Ejecutivo no siga desoyendo el sentir unánime de los grupos políticos y acometa cuanto antes las reformas de la ley acordadas por todos", ha manifestado el diputado de la formación naranja y vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes.

Además de esa iniciativa emplazando al Gobierno a acometer la reforma, la supresión de las tasas judiciales fue objeto de sendas proposiciones de ley del PSOE y de Ciudadanos con un formato ya articulado, pero el Gobierno vetó su tramitación alegando que suponía una merma de ingresos y que, por tanto, afecta a los presupuestos en curso.