Catalá pide la colaboración de los jueces para alcanzar una Estrategia Nacional de Justicia

Así, sobre la percepción por parte de la ciudadanía de que la Administración de Justicia sufre interferencias por parte del poder político, ha mostrado preocupación y ha considerado como uno de los pilares básicos de esa estrategia "el fortalecimiento de la independencia de nuestro sistema judicial".

Para ello, ha indicado, se han diseñado una serie de medidas como la revisión de la composición y funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como la regulación de las situaciones en las que jueces y magistrados puedan participar en política y retornar posteriormente a su labor jurisdiccional para impedir que los ciudadanos tengan dudas sobre su posible independencia.

Como segundo consenso básico de ese Pacto de Estado ofrecido por el Gobierno, prevalece el objetivo de "fortalecer" la Justicia, un reto sobre el que el ministro ha reafirmado su compromiso. Para ello será necesario, ha señalado, dotar de mayor eficiencia y especialización a la planta judicial, ajustándola a las necesidades reales, para lo que habrá que "transformar algunas unidades judiciales y crear otras nuevas".

Igualmente, ha apostado por una revisión en profundidad del sistema procesal español, "modernizando y simplificando las leyes procesales y suprimiendo los trámites innecesarios que retrasan la decisión judicial", así como "los recursos y trámites dilatorios que obstaculizan la fase de instrucción".

Asimismo, Catalá también considera "imprescindible" regular la acción colectiva de forma que un único proceso agrupe a múltiples perjudicados por un mismo hecho, e impulsar mecanismos de resolución extrajudicial como la mediación o el arbitraje.

Asimismo, para el titular de Justicia la clave de todas las reformas en el sector "pasa por una transformación desde la tecnología, impulsando una Justicia avanzada, digital, próxima y accesible en todos los órdenes e instancias judiciales".

Ha señalado que la puesta en marcha de este proyecto de Justicia digital ya está produciendo sus resultados en España con datos que confirman su utilidad. Así, más de 600 juzgados, que tramitan el 65 por ciento de asuntos en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia, trabajan íntegramente en formato digital y 5.500 usuarios, entre jueces, letrados o funcionarios, manejan a diario documentos digitales y usan firma electrónica.

El número de comunicaciones electrónicas ha ascendido hasta los 58 millones, lo que supone el 75 por ciento del total de nuestro sistema judicial, y se ha constatado un importante ahorro para profesionales y sedes judiciales.

En declaraciones a los periodistas antes de su intervención, Catalá ha señalado que para el Ministerio de Justicia "tener cercanía con los profesionales, tener capacidad de interlocución y diálogo con los que mejor conocen los problemas de la justicia es la mejor manera de identificar esos problemas y poder abordar las reformas que la justicia en España necesita".

Ha señalado que las conclusiones que los jueces decanos suelen alcanzar "siempre están muy puestas en razón, muy cercanas a los problemas reales de la justicia y hasta la fecha han sido muy útiles para nosotros porque nos han servido para orientar las reformas que hemos alcanzado".

Ha indicado que dichas reformas se ha realizado, "entre otras cosas, gracias al apoyo y a los comentarios de los jueces decanos", ha dicho Catalá, quien ha recordado que éstos son elegidos por sus compañeros "para ejercer esa labor de coordinación, de representación y por tanto tienen toda la legitimidad de una gran mayoría de los 5.500 jueces que en España ejercen cada día".