Catalá afirma que el PP no pedirá la dimisión de Barberá como senadora hasta que no se dicte apertura de juicio oral

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha afirmado este martes, que el PP no pedirá responsabilidades políticas a la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, hasta que el Tribunal Supremo decrete la apertura de juicio oral por el delito de blanqueo de capitales en el 'caso Imelsa', por el que será investigada.

Así lo ha dicho a los periodistas tras finalizar la entrega de despachos a la LV Promoción de la Carrera Fiscal, celebrado en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid, donde ha subrayado que el PP "mantiene" el planteamiento de esperar a que haya apertura de juicio oral para pedir la "exigencia de responsabilidades políticas" como renunciar a su acta como senadora.

"Ser investigado, como denomina la ley de Enjuiciamiento Criminal, la primera fase de una actuación procesal penal, no es suficiente para llevar a cabo la exigencia de responsabilidades políticas; sino que debe ser la segunda fase, la de estar encausado, la apertura de juicio oral, cuando se puede exigir responsabilidades", ha enfatizado el ministro.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del 'caso Imelsa'.

"NO HAY NINGÚN ACUERDO"

Por otro lado, preguntado por el pacto de la Fiscalía Anticorrupción con el expresidente del Gobierno balear Jaume Matas, sólo ha dicho que, según le ha informado la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, no "hay ningún acuerdo todavía".

"Lo que hemos leído en la prensa esta mañana no responde a una realidad", ha concluido Catalá en relación al supuesto pacto que se habría alcanzado, en el que Matas debe reconocer los hechos indagados en los casos Palma Arena, Son Espases y su relación con la reforma de la sede del PP nacional de la calle Génova de Madrid, a cambio de eludir su entrada en prisión.