Al banquillo Caco Senante y Teddy Bautista por desvío de fondos de la SGAE

La resolución fija fianzas para todos ellos que suman 288.788, 78 euros en concepto de responsabilidad civil que deberán hacer frente de ser condenados, y que deben se prestadas en el plazo de tres días. De no hacerlo, "se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente hasta cubrir las sumas fijadas".

Se les juzgará por el desvío de 50.354 euros, que fueron dirigidos a una empresa del músico y a la adquisición de un timple -instrumento musical canario- que los peritos judiciales valoran en unos 3.000 euros.

El juez emplaza a los abogados de los cuatro exdirectivos a presentar escrito de defensa proponiendo las pruebas de que intenten valerse y que se sustanciarán en vista oral ante el juez Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrrubia. Como alternativa a los delitos de administración fraudulenta el auto propone que puedan ser condenados por apropiación indebida o falsedad.

PETICIÓN DEL FISCAL

El auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 reproduce el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, que fue presentado el pasado 9 de junio y que atribuye la autoría de los hechos a Senante, Bautista y Azcoaga, para quienes solicita dos años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para ejercer funciones de administración en cualquier sociedad mercantil o entidad de gestión, más una multa de 141.252,96 euros.

En el caso de que se optara por condenarles por apropiación indebida la pena solicitada por el fiscal es la misma.

Se pide la misma pena para Gómez Piñeiro -con una multa inferior, de 91.062,96 euros-, si bien el Ministerio Público ofrece la posibilidad de que este exdirectivo sea condenado como cómplice, caso en el que su pena se vería reducida a un año y tres meses de prisión y su multa a 30.344,32 euros.

Aunque el fiscal propone que la indemnización a la SGAE por un total de 47.084,32 euros se preste de forma solidaria -menos en el caso de Gómez Piñeiro, que se fija hasta el límite de 30.354,32 euros-, el juez ha optado por formar piezas individuales de reponsabilidad civil.

Concretamente, requiere a Caco Senante, Bautista y Azcoaga la prestación de 62.079,09 euros y a Góme Piñeiro 40.472,42 euros.

El juez considera que tras la instrucción de la causa existen indicios de que Senante obtuvo, de un "modo supuestamente ilícito" y con el consentimiento de los otros tres investigados, la suma de 30.354 euros de la SGAE, a través de un pago que se hizo contra facturas giradas por la empresa Algo Distinto -- de la que el canario es administrador único-- en concepto de asesoramiento.

"Tales servicios, el gasto para la SGAE y su pago a quien tenía el carácter de consejero, no fueron autorizados por el Consejo de Dirección de SGAE, pese a que el importe del contrato excedía de 6.000 euros y que, por tanto, de acuerdo con las normas de contratación, la aprobación por el órgano directivo corporativo era preceptiva", indica el auto.

OCULTACIÓN AL CONSEJO

El juez destaca que el músico comenzó a prestar tareas de representación de la SGAE en las Islas Canarias desde al menos octubre de 2010, sin habilitación ni mandato formal por parte de la entidad cultural.

Ese año, Eduardo Bautista aprobó la contratación de forma "directa y unilateral" con el acuerdo de los otros tres procesados y sin "suscribir contrato alguno" para la cobertura de los pagos.

Para simular "cierta normalidad", el magistrado indica que Bautista y Senante llevaron al orden del día de una reunión celebrada por el Consejo de Dirección el 10 de marzo de 2011 una lista de actividades desarrolladas por el cantante, pero sin informar de que "estaba cobrando y que no las estaba haciendo en su condición de consejero de la SGAE".

UN INSTRUMENTO "ÚNICO"

La segunda conducta investigada se centra en la compra de un timple canario --una pequeña guitarra típica de Canarias-- por importe de 20.000 euros, que fue llevada a cabo por Senante, Bautista y Azcoaga a principios de 2011.

Realizaron adquisiciones de más de 6.000 euros omitiendo la suscripción de contrato escrito y "sin la más mínima cautela sobre su valoración económica".

Argumentaron que se trataba de una "pieza única por ser obra de un legendario artesano constructor de instrumentos", llamado Francisco Rodríguez Franco y que sobre el instrumento había realizado una pintura Rafael Alberti.

Los acusados expresaron su idea de colocar la pieza en una urna con el objeto de que presidiera la entrada de la nueva sede de la SGAE en Canarias.

Sin embargo, "lo cierto es que el valor pericial de la pieza adquirida es de 3.270 euros y que, por tanto, SGAE podría haber sufrido pérdidas por importe de 16.730 euros", remacha el juez, que añade que las transferencias se efectuaron a favor de Amparo Miralles de la Peña.

"Al actuar así lo hicieron conocimiento plenamente el beneficio injustificado que, con perjuicio correlativo para SGAE, proporcionan a esta persona, amiga personal de Senante Mascareño".