Canarias ve una "prioridad" el convenio de carreteras y avisa de que la sentencia del TS "cambia la negociación"

En la sesión de control en el Pleno del Parlamento, ha comentado que el listado de proyectos lo conoce el Ministerio de Fomento desde el pasado verano, que además, "están pactadas" con los cabildos, y muchos de ellos, incluso, las han llevado a sus plenos.

Rodríguez ha tildado de "desfachatez" las críticas del PP y ha pedido a su portavoz, Australia Navarro, que pida toda la información "a sus jefes" en Madrid.

Sobre la propia sentencia, ha dicho que "viene a reconocer los recortes unilaterales" que practicó el Estado con Canarias desde 2012 y corrobora que los convenios que se firman entre instituciones "deben cumplirse".

Navarro, por su parte, ha comentado que la "prioridad" del Gobierno regional es "gastarse todo el dinero" que viene del Estado, ya que es "impresentable y no se puede explicar", pues tienen 101 millones de 2017 y otros 219 millones garantizados para este año, más otros 138 del ajuste de 2012. "Y para eso no hacen falta los PGE", ha comentgado.

Así, ha criticado que el Ejecutivo "solo gastó la mitad" el año pasado, y frente a eso, "en un acto de populismo, demagogia y caradura", citó a los cabildos para decirles que el Estado no querñia firmar el convenio "cuando ya había enviado el borrador".

"No ha vuelto a mover ni un papel, no sabemos cuáles son sus prioridades, no tiene calendario, ni plan de trabajo, ni previsiones. Solo tenemos un listado de 70 obras", ha agregado.

EL SUPREMO CERTIFICA EL "HACHAZO" DEL PP

Por el Grupo Socialista, Gabriel Corujo ha comentado que la sentencia del Supremo es la "certificación del hachazo del PP" y su "maltrato generalizado" a Canarias en la pasada Legislatura, demostrando que al archipiélago "no se le respeta" desde el Gobierno central.

Ha lamentado que el recorte de la financiación del convenio alcanzó el 73% y por ello, ha pedido al vicepresidente que "no dé por perdidos" los cerca de 800 millones de euros, lo que supone una "vulneración clarísima" del derecho.

En esa línea, ha dicho que el nuevo convenio "no sirve para cumplir los incumplimientos" por lo que ha apelado a "reparar el daño creado" por el Estado y una vez firmado, que la Consejería se dote de personal para poder ejecutar las obras.