El Canal contrató al despacho de abogados de Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de su filial Inassa

A raíz de un "rosario" de peticiones de información y preguntas escritas al Gobierno regional por parte de la diputada del PSOE Mercedes Gallizo, ésta ha podido saber que Canal de Isabel II o Canal de Isabel II Gestión contrató al despacho Rodríguez Sobrino Abogados en los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press.

Según han informado este jueves la Cadena SER y el diario El País, en 2004 le contrataron por labores de "asesoría jurídica y control de las inversiones de Canal en Latinoamérica" y en 2006, como "presidente ejecutivo" de Inassa, cobrando por ambos acuerdos un total de 700.000 euros, hasta que, en 2009, se integraron "todas las retribuciones percibidas por Rodríguez Sobrino en un solo contrato".

Edmundo Rodríguez Sobrino fue cesado hace aproximadamente un año por la presidenta regional, Cristina Cifuentes, por "pérdida de confianza", tras conocerse que su nombre aparecía en los Papeles de Panamá.

Tal y como señala el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sobre el caso Lezo, Rodríguez Sobrino habría sido "conocedor y partícipe" de prácticas corruptas en el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para "manipular" los procesos de obtención de contratos para su compañía, filial del Canal de Isabel II en América Latina.

Según el magistrado, los fondos obtenidos por los contratos en los mencionados países habrían multiplicado el patrimonio oculto que se le ha descubierto a Rodríguez Sobrino y el cual habría mantenido "oculto y desvinculado de su presunto origen ilícito" tanto en Inglaterra como en Colombia y República Dominicana, poniendo parte del mismo a nombre de su hija.

Por otro lado, el instructor de la 'operación Lezo' ha "evidenciado" la "capacidad de influencia" de Rodríguez Sobrino, consejero de La Razón, sobre "directivos" del diario -sin citar ningún nombre en concreto-- para "tratar de detener" las gestiones que estaba haciendo el Gobierno de Cristina Cifuentes para denunciar la actividad de Inassa.