Calvo (PSOE) insiste en que las elecciones catalanas deben ser en enero, pero evita hablar de un pacto con el Gobierno

En una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, ha evitado afirmar, como hiciera en unas declaraciones anteriores, que la celebración de los comicios en ese mes estuviera ya pactada entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.

No obstante, ha recordado que las dos partes llevan muchas horas negociando cómo debe aplicarse este precepto constitucional, nunca empleado antes en democracia, para saber que "un plazo corto" de vigencia del 155 en Cataluña para "normalizar" la situación, "garantizar los servicios públicos" y convocar elecciones "cuanto antes" equivale, al menos para los socialistas, a hablar de "enero".

"Hay un acuerdo desde el principio en dos direcciones que terminan ahí", ha contestado a la pregunta concreta de si existe un pacto con el Gobierno para convocar las autonómicas catalanas en enero.

Calvo ha pilotado junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, las negociaciones sobre la aplicación del 155 en su aspecto más técnico y jurídico, ya que la exministra socialista es doctora en derecho constitucional.

La 'número cuatro' del partido ha querido dejar claro que el artículo 155, bajo el punto de vista de los socialistas, no debe tener "ninguna intención punitiva", sino que debe servir para permitir dar la voz a los catalanes. Incluso ha defendido este instrumento como "el más adecuado al caso" de Cataluña además del "más benévolo democráticamente hablando".

Tras señalar que el Gobierno de Rajoy ha "manejado muy mal los tiempos" en esta crisis, ha precisado que el responsable fundamental de la situación actual es el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a quien ha urgido a convocar un adelanto electoral o a acudir la semana próxima al Senado para intentar impedir la puesta en marcha del 155.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este sábado en una reunión extraordinaria medidas, al amparo del 155, para intervenir la autonomía catalana, que remitirá al Senado, que tendrá que avalarlas en un Pleno fijado para el 27 de octubre.