Los jueces investigan 1.661 casos de corrupción en España

Así lo ha explicado este jueves en rueda de prensa la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, que ha indicado que la propuesta se deriva de un informe encargado por el presidente de ese órgano, Gonzalo Moliner, a los servicios de Inspección de este órgano del que ha dado cuenta al inicio del Pleno de esta institución.

El informe, que es "un primer balance provisional", según Bravo, los juzgados y tribunales españoles tramitan actualmente un total de 2.173 causas de especial complejidad, de las que 1.661 afectan a tipos penales como la prevaricación, la revelación de secretos, el cohecho, el tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.

Según la portavoz, estos datos no constituyen más que 0,03 por ciento del total de asuntos que ingresan en la jurisdicción Penal. El informe no distingue cuantos de estos casos afectan a políticos, no ha incluído al Tribunal Supremo y tampoco ha realizado un estudio sobre los tiempos medios de tramitación de estas causas antes de proponer los refuerzos.

Más de 300 macroprocesos

Del total , los inspectores han detectado 302 causas que podrían calificarse de "macroprocesos" por el volumen de implicados y su especial complejidad a la hora de ser investigados. Otros 512 casos están relacionadas con supuestos delictivos distintos a los anteriormente referidos, si bien afectan de manera grave al funcionamiento de algunos órganos jurisdiccionales.

En la Audiencia Nacional, según este informe, se tramitan actualmente 91 causas de especial complejidad, 14 de ellas "directamente relacionadas con presuntas irregularidades en la gestión de intereses públicos o privados".

Por territorios, cabe destacar Andalucía, donde 100 juzgados tramitan 656 causas complejas. Otras comunidades a destacar son la Valenciana, donde son 280 los asuntos de esta índole, Cataluña con 215, Canarias con 197, Madid con 181 y Galicia con 110.

A la vista de este estado de cosas, el CGPJ propone medidas que considera "absolutamente necesarias" para esos 798 órganos judiciales, según ha señalado Bravo.

Concretamente, apoyo material y también personal mediante el refuerzo de aquellos "más afectados por la sobrecarga de trabajo" . Se necesitan, según el CGPJ, al menos 64 jueces de refuerzo, 18 secretarios judiciales y 150 funcionarios de distintas categorías para facilitar la agilización de estas causas de especial complejidad.

Igualmente, se propone iniciar conversaciones con los Ministerios de Hacienda y de Interior "para que la Agencia Tributaria, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) "agilicen" los trabajos encomendados por los juzgados españoles.

Ha añadido que, muchas veces, los retrasos en los juzgados derivan de "la lentitud en la tramitación de estos informes" encomendados a las unidades especializadas. Se considera igualmente necesaria la creación de una unidad permanente de peritos en la Audiencia Nacional como la que ya trabaja para la Fiscalía Anticorrupción.

Moliner trabaja en este asunto desde el pasado mes de enero, cuando comunicó al Pleno del Consejo su intención de solicitar varios informes ante "la gravedad y alarma social que estaban alcanzando las noticias sobre corrupción política" y a la vista de algunas manifestaciones que denunciaban la falta de medios en los órganos judiciales para la investigación de estas causas.