El CGPJ aplaza la expulsión del juez Alba hasta que termine el juicio que tiene pendiente en Canarias

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves el aplazamiento de la resolución del expediente disciplinario incoado al magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba, que fue el que sustituyó a la exdiputada de Podemos Victoria Rosell e informó en contra de ella, hasta que recaiga sentencia o, en su caso, auto de sobreseimiento en las diligencias que se siguen contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Se le enjuicia por tratar de perjudicar a su antecesora cometiendo irregularidades en la instrucción de la causa contra un empresario.

El órgano de gobierno de los jueces cumple con lo dispuesto en el artículo 415.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que señala que "la incoación de un procedimiento penal no será obstáculo para la iniciación de un expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictará resolución en éste hasta tanto no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento firmes en la causa penal".

El orden del día de la reunión del Pleno de hoy incluía la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria de separar de la Carrera Judicial Jesús Fonseca-Herrero, quien dimitió de su cargo esta isma semana.

El Promotor, que incoó expediente disciplinario a Alba el pasado 8 de noviembre, atribuye al magistrado la comisión de una falta muy grave de desatención en el cumplimiento de los deberes judiciales previsto en el artículo 417.9 de la LOPJ.

MANEJOS CON MÍGUEL ÁNGEL RAMÍREZ

Considera acreditado que Alba, que se hizo cargo del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas en sustitución de la magistrada Victoria Rosell, mantuvo el 16 de marzo de 2016 una reunión con el empresario Miguel Ángel Ramírez y le citó pocos días después como investigado en una causa que se tramitaba en ese órgano judicial.

Según la investigación disciplinaria no lo hizo para tomarle declaración sobre los hechos sobre los que versaba el procedimiento, sino para procurar la incorporación de hechos totalmente ajenos al mismo y con una finalidad impropia de las diligencias previas que instruía, como poner en duda la actuación de la anterior instructora para facilitar o provocar una futura nulidad de actuaciones u obtener datos con posible relevancia en una querella interpuesta contra Rosell en el Tribunal Supremo.

Al ser la sanción propuesta la más severa de las previstas en la LOPJ, la competencia corresponde al Pleno del órgano de gobierno de los jueces, al que esta norma atribuye en su artículo 599.10 "la resolución de aquellos expedientes disciplinarios en los que la propuesta de sanción consista en la separación de la Carrera Judicial".

Ramírez, presidente del UD Las Palmas, es el mismo al que investigaba antes de su marcha a Podemos la propia Rosell por presuntos delitos contra la seguridad social.

Presuntas irregularidades cometidas por la exdiputada en la instrucción del procedimiento contra este empresario le valieron la apertura de una causa en el Tribunal Supremo basada en un informe en el que su sustituto, que era Alba, la denunció de forma muy contundente. La investigación a la juez Rosell fue finalmente archivada por el alto tribunal.

OTRO ASUNTO PENDIENTE EN EL CGPJ

Alba aún tiene otro asunto disciplinario pendiente de resolución en el CGPJ, después de que la Comisión Permanente de este órgano acordara el pasado 20 de abril reabrir la investigación que había sido previamente archivada por el promotor contra Alba grabar a varios de sus compañeros jueces cuando deliberaban en una estancia de la sede judicial.

El promotor había acordado el archivo de las actuaciones, iniciadas a raíz de una denuncia de la asociación Jueces para la Democracia (JpD) tras la publicación en varios medios de comunicación del contenido de dos grabaciones presentadas por el propio Alba en un Juzgado en el que se tramita un procedimiento en el que está personado.

Tras revisar la decisión del promotor disciplinario, los siete vocales que integran la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces acordaron comunicarle que debe continuar con sus investigaciones sobre este asunto. Estas diligencias se unen a las que se tramitan contra Alba desde el pasado mes de noviembre por actuar de forma irregular durante su investigación al empresario Miguel Ángel Ramírez y utilizar esta causa para perjudicar a su antecesora que en ese momento era diputada nacional por Podemos.

En su día, JpD denunció ante el CGPJ que un diario canario publicó la transcripción de esas conversaciones grabada por Alaba a sus compañeros, y que dicha información incluyó casi 15 minutos de grabación a los cuatro magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia "debatiendo asuntos altamente comprometedores sobre casos abiertos". Los grabados fueron Emilio Moya, presidente de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas, el propio Salvador Alba, José Luis Goizueta y Carlos Vielba.