Barcelona avisa de que dejará de pagar facturas de familias vulnerables si las energéticas no lo hacen

La teniente de alcalde de Derechos Sociales de Barcelona, Laia Ortiz, ha avisado este lunes a las compañías suministradoras de que el Ayuntamiento dejará de pagar ayudas para cubrir facturas y deudas derivadas de la pobreza energética si no acuerdan un convenio que concrete qué parte asumen las empresas: "O forman parte de la solución o la deuda de las familias estará encima del tejado de las compañías".

En rueda de prensa, Ortiz ha considerado que la parte de las empresas debería ser al menos el 50% del coste global que la pobreza energética tiene en la ciudad, de unos tres millones al año en total.

A preguntas de los periodistas, ha detallado que estos tres millones no sólo incluyen el pago de las deudas y las facturas de personas vulnerables, sino "todos los servicios que debe prestar el Ayuntamiento porque las compañías no se hacen responsables", como informar sobre derechos energéticos, datos que facilitará a través de una nueva red de diez puntos de asesoramiento energético.

"Si no hay un acuerdo por el que se corresponsabilicen en el pago de las facturas y la deuda, no tenemos por qué seguir sufragando estas deudas desde el Ayuntamiento", ha advertido.

Ortiz ha recordado que la Ley 24/2015 de pobreza energética prohíbe cortes energéticos a personas vulnerables, por lo que no se quedarían sin suministro aunque no se pagara la deuda.

Ya han comunicado a las empresas que dejarán de pagar estas ayudas si no acuerdan un convenio tras próximas reuniones --mantendrán una este martes--, y ha advertido de que dejarán de pagar si no se cierra la negociación en semanas: "Mientras no acordemos un convenio, dejaremos de poner recursos públicos al servicio de sus beneficios".

"Una de las excusas que tenían estas empresas era que ya asumía el bono social, y hoy ya no lo asumen" por la sentencia del TS que lo anula, según Ortiz, y ha constatado que la 24/2015 obliga a las compañías a ser corresponsables y a firmar convenios, por lo que, en caso contrario, el Ayuntamiento podría recurrir a multas y pedir a la Generalitat que las excluya de la contratación pública por incumplimiento.

El Ayuntamiento ha hecho una propuesta de protocolo y otra de convenio, que abordan con las empresas --dice que no todas tienen la misma posición-- que obligan a comunicar los casos de impago y a colaborar para comprobar si son personas vulnerables.

Eso puede comprobarse fácilmente si esos vulnerables están en el circuito de servicios sociales, pero se dificulta si no lo están, en cuyo caso se pide a las empresas que den más información.