Barcelona aboga por ofrecer asesoramiento a propietarios de viviendas 'okupadas' a propuesta del PP

La concejal popular Àngels Esteller ha criticado que se produjo un incremento del 66% de las 'okupaciones' entre 2015 y el primer semestre de 2016 --pasando de 642 'okupaciones' a 1.065--, y ha acusado al Gobierno de Ada Colau de generar un efecto llamada para los 'okupas', ante los que los pequeños propietarios "están desamparados".

El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha negado este efecto llamada y que haya complicidad en el Gobierno de Colau con estas 'okupaciones' --"si hubiera un efecto llamada, estaría lleno de Can Vies, y esto no pasa", ha aseverado--, y ha exigido no mezclar las que realizan familias en situación de vulnerabilidad con las del movimiento 'okupa' y las de grupos criminales organizados.

Ha detallado que en septiembre de 2016 había contabilizadas 869 'okupaciones' en Barcelona --por debajo que en el primer trimestre--, de las que el 80% era de grandes tenedores de vivienda, y ha asegurado que las oficinas de vivienda ya asesoran sobre este asunto a pequeños propietarios que acuden a informarse, tras lo que ha tachado al PP de hipócrita, porque se preocupa por este asunto pero no por las inversiones en vivienda desde el Gobierno central, según él.

La socialista Carmen Andrés ha señalado que las 'okupaciones' son un problema y que los propietarios tienen derecho sobre sus propiedades, pero ha coincidido en criticar al PP porque considera que el Gobierno central no trabaja para garantizar el acceso a la vivienda: "Los discursos en un solo sentido y eludiendo responsabilidades en otro no son adecuados".

Desde el grupo Demòcrata, Maite Fandos ha defendido que los pequeños propietarios deben poder contar con este asesoramiento, y ha recordado que la propuesta no va dirigida a bancos ni a grandes sociedades de inversión inmobiliaria, sino a ciudadanos que "tienen derecho y la necesidad" de estas viviendas.

Marilén Barceló (Cs) ha pedido diferenciar entre las 'okupaciones' de familias vulnerables con riesgo de exclusión social y las de grupos antisistema del movimiento 'okupa' y las promovidas por grupos delictivos y "mafias" que realquilan o revenden los inmuebles fingiendo ser propietarios.

La republicana Montserrat Benedí ha señalado que las 'okupaciones' son un problema en el ámbito de vivienda de la ciudad, pero no el principal --que considera que es la falta de vivienda pública y accesible--, y ha expresado su abstención después de una transacción por la que la propuesta aboga por crear estos espacios dentro de oficinas ya existentes, ya que la original pedía crear nuevas oficinas.

La concejal que representa a la CUP en esta comisión, Maria Rovira, no ha asistido a esta sesión porque se encuentra en el Kurdistan --que celebra en Newroz--, porque considera que su defensa de los derechos sociales pasa por mostrar también su solidaridad con "un pueblo que lucha por su la autodeterminación", la justicia social y el feminismo, ha explicado en vídeo en Twitter recogido por Europa Press.

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

La comisión también ha aprobado una propuesta del grupo Demòcrata para elaborar un plan estratégico para mejorar los equipamientos deportivos municipales y apoyar a los clubes deportivos, algo que ha contado con el apoyo de todos los grupos municipales presentes y ante lo que Fandos ha defendido: "Una ciudad tan deportiva como Barcelona debe tener las instalaciones deportivas, no sólo las municipales, en buenas condiciones".

También por unanimidad, ha prosperado una medida a propuesta de ERC para crear un programa social dirigido a ancianos para que personas de edades similares que viven en alquiler puedan compartir una vivienda, con el objetivo de combatir la soledad y el aislamiento, según la concejal Trini Capdevila.

En un ruego de Cs, Barceló ha calificado de "fracaso" del Gobierno de Colau la remunicipalización del Punto de Información y Atención a las Mujeres (Piad) y del Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (Sara) para víctimas de violencia de género, porque considera que no han mejorado las condiciones laborales de las trabajadoras de ambos servicios.