Garzón: "Hice lo que tenía que hacer por encima de cualquier ideología"

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha defendido ante el Tribunal Supremo su "obligación" de investigar las denuncias sobre los crímenes del franquismo que recibió en su juzgado y que obedecían a "un plan sistemático y preconcebido de eliminación y desaparición de miles y miles de personas". Así, el magistrado, que se ha negado a responder a preguntas de la acusación, ha señalado que "hice lo que tenía que hacer por encima de cualquier ideología" al tiempo que ha justificado la investigación porque las desapariciones forzadas y de detención ilegal son delitos permanentes, es decir, que no prescriben.

Ante los siete magistrados que forman el tribunal, Garzón se ha despojado de la toga y ha abandonado estrados para sentarse en el banquillo de los acusados y declarar por el presunto delito de prevaricación por el que está imputado.

Después de que la Sala rechazara las cuestiones previas formuladas por el abogado defensor González Martínez-Fresneda y el fiscal del Supremo Luis Navajas y ordenara proseguir la vista oral, el juez imputado se ha negado a responder a las preguntas de la acusación de Manos Limpias por considerar que "no está legitimada" para ejercer la acusación.

A preguntas de la defensa, Garzón ha expuesto que el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional "estaba o sigue tramitando" unos hechos ocurridos entre 1942 y 1944 en campos de concentración presuntamente cometidos por "criminales de guerra nazis" a petición del Ministerio Fiscal. "Incluso creo que una persona ha sido recientemente condenada por complicidad con el genocidio", ha agregado.

Así, el juez de la Audiencia Nacional, suspendido cautelarmente de sus funciones desde mayo de 2010, ha subrayado que "desde el punto de vista del instructor era una obligación determinar la competencia o no" y que los hechos tienen un contenido "prácticamente idéntico", refiriéndose a un "plan sistemático de eliminación de miles de personas, de ocultamiento de cadáveres o de ejecuciones extrajudiciales".

Delitos permanentes

Según ha dicho, el delito de desaparición forzada en el contexto de crímenes contra la humanidad estaba recogido en leyes anteriores, en jurisprudencia internacional e incluso en la doctrina del propio Tribunal Supremo. "Entendí, interpreté que era admisible la conceptuación como típicos y dentro de la obligación de todo juez de investigar estos hechos", que son delitos permanentes, es decir, que no prescriben, ha resaltado.

Baltasar Garzón ha explicado que recibió en su juzgado la primera denuncia en diciembre de 2006, a la que siguieron "cientos, incluso miles" de denuncias particulares.

A partir de ese momento, se incoaron diligencias previas para investigar estas demandas que tenían como punto en común el relato de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y toda una serie de hechos de apariencia delictiva", y que se calificaban como "genocidio, detenciones ilegales o crímenes contra la humanidad".

Recibido con gritos de "justicia, justicia"

Un centenar de personas se ha concentrado a las puertas del Tribunal Supremo para mostrar su apoyo al juez Baltasar Garzón, al que han recibido con gritos de "¡Justicia, justicia!" o "Garzón amigo, el pueblo está contigo".

El magistrado ha llegado a primera hora de la mañana al alto tribunal, al que ha accedido por una puerta trasera y en medio de un gran tumulto de cámaras, fotógrafos y defensores de su causa.

Ante la puerta principal se han concentrado representantes de las Asociaciones de Memoria Histórica, que portaban banderas republicanas, fotografías en blanco y negro de fusilados y pancartas en las que podían leerse los lemas "Contra la impunidad. Solidaridad con las víctimas del franquismo", "No a políticos y jueces filofascistas, "Lo llaman justicia y no lo es" o "No hay justicia para estos crímenes".

Garzón, que será representado por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta 20 años solicitada por las acusaciones populares, que ejercen el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.