Ayuntamiento tiene que pagar 1,1 millones por obras ejecutadas pero no proyectadas en la Ciudad de la Seguridad

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el pago de 1,1 millones de euros en reconocimientos extrajudiciales de crédito por obras ejecutadas pero no proyectadas en la Ciudad de la Seguridad de la Casa de Campo, firmadas por la que fuera delegada de Hacienda del PP y hoy delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, en marzo de 2014.

El reconocimiento extrajudicial ha sido aprobado con los votos favorables de Ahora Madrid y PP y el rechazo de PSOE y Cs. El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez, ha explicado que se trata de una desviación del 21 por ciento del proyecto inicialmente planteado y que la trae al Pleno "para pagarlas por responsabilidad".

"¿Eran las obras que se contrataron? No", ha resumido el delegado, que ha destacado que los trabajos fueron adjudicados a la UTE conformada por Edhinor y Fernández Molina.

La primera de estas empresas, como ha recordado, tiene prohibido contratar con el Ayuntamiento, mediante un decreto, por el perjuicio que causó a las arcas públicas en la construcción de un centro de Madrid Salud.

Sánchez Mato ha hecho un repaso por algunas de las posibles irregularidades y ha anunciado que cuando tenga seguridad sobre ellas no dudará en acudir a los tribunales. "Pero por responsabilidad tenemos que pagar lo realizado y expedientar a quien ha actuado de manera incorrecta", ha añadido. El año pasado fue cesado el arquitecto municipal responsable de los trabajos.

Fue el PP el que puso en marcha este proyecto en 2013, con una inversión total de 15 millones de euros repartidos en varias anualidades hasta 2016. Se trataba de ubicar allí a funcionarios de otros edificios, algunos de ellos en régimen de alquiler.

Sánchez Mato y el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, se negaron a recepcionar una parte de las obras --iban siendo entregadas mediante recepciones parciales-- tras la "detección de irregularidades por no coincidir los certificados con la obra ejecutada", que suponen una "desviación considerable con respecto al presupuesto inicial por encima del 21 por ciento".

Además "se habían realizado obras no incluidas en las certificaciones". Todo ello motivo la puesta en marcha de una auditoría encargada por el Ejecutivo de Ahora Madrid. La portavoz socialista de Economía, Erika Rodríguez, ha puesto sobre la mesa la gravedad de unas sospechas que apuntan a una posible falsedad en la documentación mientras que su homólogo en Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, ha criticado el retraso de esta tramitación.

El portavoz de Economía del PP, Íñigo Henríquez de Luna, ha defendido que "en toda obra siempre hay una discrepancia entre las obras proyectadas y las realizadas".