Ayuntamiento de Madrid dará una Tarjeta de Vecindad a inmigrantes en situación irregular, con la oposición de PP y C's

El Pleno de Cibeles ha retomado la sesión interrumpida el pasado miércoles por indisposición médica de la alcaldesa. Su voto de calidad ha servido para desempatar el debate tras la ausencia de tres concejales --Celia Mayer (Ahora Madrid), Antonio Miguel Carmona (PSOE) y Sofía Miranda (Ciudadanos)--.

La Tarjeta de Vecindad, propuesta por el PSOE, se presenta como un "paso para la integración social de la población inmigrante al reforzar sus lazos con Madrid". Lo haría facilitando las gestiones y el acceso a las instalaciones y servicios del Ayuntamiento, como servicios sociales, gestiones administrativas, bibliotecas, polideportivos... También se plantearía el acceso al abono transporte y a programas de formación y empleo.

La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, declaró el pasado miércoles que esta Tarjeta es un compromiso del programa electoral de su partido para "avanzar en la integración de los inmigrantes". "No se trata de dar privilegios a nadie", le aclaró la edil a la bancada popular, sino de "evitar discriminaciones". La propuesta ha sido enriquecida con las aportaciones de ONG especializadas en inmigración.

La tarjeta, en definitiva, se presenta como "un instrumento de arraigo que facilitará la regulación administrativa posterior". Ya hay otros ayuntamientos con iniciativas "parecidas pero menos ambiciosas", como Fuenlabrada o Gijón. La más desarrollada se encuentra en Nueva York.

"Necesitamos sacar a la gente de la economía informal de actividades que no deseamos, como los manteros y las personas que están en redes de explotación laboral y sexual y que no pueden salir porque no tienen otra alternativa de vida", defendió la concejala socialista.

La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, señaló entonces en el Pleno que es un proyecto en el que trabaja el Gobierno municipal "desde hace tiempo" para que, dentro de sus competencias, se pueda identificar a personas que vivan en Madrid y puedan acceder a programas municipales.

Ahora Madrid ha presentado enmiendas para mejorar la propuesta del PSOE con el fin, por ejemplo, de "simplificar procesos administrativos de servicios municipales al unificar todos los títulos del Ayuntamiento".

Higueras ha insistido ahora ya este viernes, con el Pleno retomado, en la necesidad de poder identificar a las personas ante la insuficiencia de documentos que obran en su poder, lo que supone una auténtica "barrera de acceso a los recursos". También ha remarcado que todas las personas tienen "el reconocimiento de su personalidad jurídica en todas partes, no sólo en su país de origen".

"Identificar legalmente a una persona es garantía de seguridad. El Ayuntamiento no puede permitir que haya ciudadanos que no pueden acreditar quiénes son y no puedan acceder a los recursos municipales", ha argumentado Higueras.

La primera teniente de alcalde ha insistido en que la Tarjeta no será "un simple elemento decorativo" limitada a los empadronados sino que va más allá "cumpliendo el objetivo social de identificar a las personas más vulnerables con un programa para no darle la espalda". "No aceptamos la hipocresía del sistema por el que una persona no puede acceder al empadronamiento y a los recursos de urgencia que necesita", ha expuesto.

"EFECTO LLAMADA"

La oposición a esta medida ha venido de la mano de PP y Ciudadanos. El popular Percival Manglano comenzó su intervención apuntando que cualquier inmigrante, con independencia de su situación administrativa, puede empadronarse con presentar su pasaporte "y eso le da acceso a todos los servicios municipales".

Hasta en dos ocasiones Manglano tachó de "locura" esta propuesta porque el Ayuntamiento "no tiene competencias", unido al hecho de "cómo se va a identificar a alguien que no tiene identificación. Entonces aparece un señor en una oficina municipal, le preguntan cómo se llama y se inventa nombre, edad y nacionalidad. Es absurdo".

Manglano llegó a afirmar que esta iniciativa busca "privilegiar" a personas en situación administrativa irregular con "un acceso preferente a descuentos y mejoras en el acceso a servicios públicos y privados", lo que no es más que, en su opinión, un "efecto llamada a la ilegalidad brutal". "Saldrá a cuento ser ilegal que estar legal", ha lanzado.

En este punto sacó su recibo del IBI, documento en el que se le dice que está "obligado al pago de este tributo". "Se me llevan los demonios cuando veo a un grupo que hace bandera del desacato a la ley, se declaran insumisos en el CIE, llaman a saltar la valla en Melilla, aprueban rodear el Congreso... Eso es delito. ¿Por qué debo pagar el IBI cuando ustedes incumplen la ley sistemáticamente?", dijo.

La concejala de Ciudadanos Ana Domínguez argumentó que esta competencia a la que quiere abrirse la Tarjeta de Vecindad "no tiene nada que ver con el Ayuntamiento". "Quien no tiene permiso de trabajo no puede acceder a un certificado de profesionalidad del Ayuntamiento porque no puede inscribirse como demandante de empleo", ha puesto como ejemplo.

Cree que prometer otras cosas con este documento municipal de identificación "es engañar a la gente, supone esconder otra intención tras una falsa caridad, por no hablar del efecto llamada". "Les hacen creer que les dan un salvoconducto a quien no tiene DNI o NIE, algo que es competencia del Ministerio del Interior", expuso la edil.