Juzgan al exvicepresidente Miquel Nadal por ocultar dinero de comisiones

En el marco de esta causa, la Fiscalía Anticorrupción solicita para Vicens la pena más elevada solicitada hasta el momento para un exalto cargo de Unió Mallorquina (UM), hasta 19 años y tres meses de cárcel por las comisiones que presuntamente cobró, mientras era alto cargo del Consell, por sus gestiones en favor de las recalificaciones, sirviéndose de Metalumba como tapadera. Nadal se enfrenta, por su parte, a la petición un año de prisión y 15 de inhabilitación.

Junto a los dos exdirigentes de Unió Mallorquina (UM) también serán juzgados la mujer de Vicens, Antònia Martorell; la presunta testaferro de Vicens, Elisabeth Diéguez; el abogado Jaime Montis; el contable Tomás Martín y el empresario John Leaners. Sobre los procesados pesan presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Según la Fiscalía, tanto Vicens como su mujer crearon la empresa Metalumba "con el propósito de ocultar sus ingresos ilícitos así como su verdadera riqueza", además de evitar su correcta tributación a Hacienda. De hecho, mientras ostentaba el cargo de conseller, la acusación sostiene que recibió unos 559.000 euros directamente, a través de su esposa o por medio de Metalumba, pagos que habrían sido realizados por Jaime Montis, entonces propietario único de Gestora de Desarrollo Son Oms.

Una sociedad que intervenía en la promoción y desarrollo del polígono industrial y cuya actividad "entraba en la esfera de las competencias que tenía la Conselleria que dirigía Vicens", tal y como relata la Fiscalía en su extenso escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press. Puesto que Metalumba carecía de actividad real, los diversos cobros que canalizó suponían "la dádiva o contraprestación que por las actuaciones que en el ejercicio de sus funciones públicas haría Vicens para favorecer los intereses de la Gestora".

Y como trasfondo, la aprobación de la modificación del Plan General Urbana de Palma, que salió adelante con la intervención de Nadal pese a tener "pleno conocimiento" de la arbitrariedad de la propuesta, y que permitió, según los investigadores, posibilitar un desmesurado incremento de la posibilidad edificatoria en los polígonos industriales de la capital y, más en concreto, duplicar la de Son Oms de 380 metros cuadrados a 797.

Además de los 19 años y tres meses de cárcel para Vicens y el año solicitado para Nadal, la Fiscalía reclama 13 años y tres meses para Martorell; un año de prisión y quince de inhabilitación para Nadal; once años y cuatro meses de prisión para Diéguez; cinco para Montis; once meses para Martín y otros once para Leaners.

VICENS INVOLUCRÓ A MUNAR EN EL COBRO DE COMISIONES

Se da la circunstancia de que el propio Vicens reconoció el pasado mes de junio, durante su declaración como acusado en el juicio del caso Can Domenge, que también entregó dinero a la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar por la recalificación del polígono palmesano de Son Oms, una confesión que por primera vez involucra a la exdirigente histórica de UM en esta última causa de supuesta corrupción.

El procesado recordó, a preguntas del fiscal anticorrupción Juan Carrau, que efectuó estos pagos en el marco de un asunto en el que participaba con ella, en el mismo despacho de abogados, en relación a la Gestora de Desarrollo Son Oms.

En concreto, se trata de otra de las piezas del caso Son Oms que irá a juicio, mientras que otro de los flecos de la causa, el caso Maquillaje, tiene varias de sus subpiezas ya enjuiciadas. Sólo una de las piezas del caso Son Oms cuenta con sentencia firme, y es la referida al pago de 12.000 euros de Vicens a su contable por un informe plagiado de Internet, por la que el exconseller cumple condena en la prisión de Palma. A nivel global, el caso Son Oms acumula más de 40 tomos.

Mientras tanto, Vicens fue condenado asimismo a tres años de cárcel por desviar 11.930 euros a la productora Studio Media (SMC), a través de un contrato cuyo objetivo aparente era difundir por radio unos programas sobre patrimonio que ya habían sido emitidos y remunerados.

EL ORIGEN DEL CASO SON OMS

Cabe recordar que el caso fue abierto después de que un empresario y propietario de una de las fincas de Son Oms, Ángel Ochando, denunciara ante la Fiscalía que Vicens y el expresidente del Parlament, Maximilià Morales (UM) le exigieron comisiones de un 15 por ciento por la recalificación de su solar.

Tras ello, la Fiscalía Anticorrupción interpuso una querella contra Vicens y Morales, así como contra el propio Montis. El Ministerio Público investiga de esta forma si se cometieron delitos de alcance millonario como tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas mediante el cobro de comisiones por la recalificación de las parcelas de suelo rústico a urbanizable.