La Audiencia desestima la petición de Jové de recusar al juez que investiga el 1-O

La Audiencia de Barcelona ha desestimado la petición de recusación del exnúmero dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, contra el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona que le investiga junto a otros cargos del Govern cesado por el proceso soberanista y el referéndum del 1-O.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) este martes, la sección segunda de la Audiencia ha rechazado la recusación al magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer al entender que no había "ningún motivo en la petición que la avalara".

La sala tiene, al menos, otras tres recusaciones de otros tantos investigados de la causa pendientes de resolver.

Fuentes de la defensa de Jové han explicado a Europa Press que esta decisión no tiene recurso posible y que solo pueden estudiar pedir un posible amparo al Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Jové, exsecretario general de Economía, había presentado la recusación alegando que Ramírez Sunyer, sustituyendo al juez de guardia cuando fue detenido, intervino en la resolución del 'Habeas Corpus' presentado contra el arresto, que fue denegado.

El titular de Instrucción 13 actualmente está siendo sustituido tras ingresar el pasado lunes en estado grave en el hospital. El magistrado presentó el miércoles pasado baja médica por estancia hospitalaria y desde este lunes le sustituye el magistrado será el de Instrucción 16.

Se da la circunstancia de que el titular de este Juzgado de Instrucción 16, Jaime Conejo, ya era quien tomaba las decisiones sobre la instrucción de la causa contra el Govern cesado por el 1-O que llevaba el 13, porque éste estaba recusado.

INVESTIGACIÓN DEL 1-O

El magistrado Ramírez Sunyer es quien llevó desde febrero a septiembre de este año la investigación de los preparativos del referéndum y de presuntas irregularidades en torno al proceso soberanista cometidos presuntamente por miembros del Govern o vinculados a él.

La operación ordenada por este juez en septiembre dejó a 20 personas investigadas formalmente, 14 de ellas detenidas; 41 registros y la intervención de 9,8 millones de papeletas del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

La investigación arrancó por dos denuncias, una de ellas de Vox, contra el exsenador de ERC Santi Vidal por sus declaraciones sobre que el Govern poseía de forma ilegal datos fiscales de los catalanes y una partida secreta para crear estructuras de Estado.

En principio se investigaba en esta causa al propio Vidal; al director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer, y al secretario de Hacienda de la Generalitat, Josep Lluís Salvadó, y la investigación se ha ido ampliando a los principales organizadores del referéndum.