La AN determina la competencia Ruz para investigar los papeles de Bárcenas

El tribunal, integrado por el presidente de la sección Alfonso Guevara junto a las magistradas Clara Bayarri y Ángeles Barreiro, han resuelto a favor de Ruz la cuestión de competencia que pone fin a la pugna que los Juzgados Centrales de Instrucción número 3 y número 5.

En la vista pública celebrada este miércoles ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal para resolver la cuestión de competencia sobre la supuesta contabilidad B del Partido Popular, los abogados defensores han expuesto que los delitos investigados no corresponden a la Audiencia Nacional.

La abogada de Bárcenas, Eva Tomás, ha argumentado que el único delito investigado contra su cliente por la Fiscalía Anticorrupción cuando incoó diligencias previas es uno contra la Hacienda Pública, cuyo esclarecimiento no corresponde a los Juzgados Centrales de Instrucción, sino a un juez ordinario de Madrid. "Son normas de estricta aplicación y sobre las que no caben interpretaciones extensivas", ha dicho.

La defensa del empresario Alfonso García Pozuelo ha abogado por que el asunto se lo quede el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, al ser el primer órgano que conoció 'los papeles de Bárcenas', "que muy pronto se convertirán en los papeles de El País", ha añadido.

Ha afirmado que no existe delito de financiación ilegal y que tampoco se puede atribuir a los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas puesto que "no han sido administradores electorales", por lo que "nos encontraríamos ante delitos contra la Hacienda Pública" cometidos en 2007 y 2008 y que serían "los únicos que no han prescrito por no haber realizado el PP la debida retención fiscal".

Meras conjeturas

A su juicio, la supuesta donación de empresarios a la formación política y la recepción de esos fondos constitutiva de un presunto delito de cohecho "no es más que una mera conjetura" y tampoco justificaría su permanencia en la Audiencia Nacional.

Para el abogado del empresario Juan Miguel Villa Mir, "nunca" debió admitirse a trámite la querella contra su cliente y otros directivos de constructoras que presuntamente donaron diversas cantidades al PP entre 2002 y 2003 al "no ser acorde a la realidad", por lo que no se ha decantado a favor del juez Pablo Ruz ni de Javier Gómez Bermúdez.

A su entender, esta acción judicial se encuadra dentro de un debate de carácter político, a lo que el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, ha respondido que no se analiza "la crisis económica ni el debate político", sino una cuestión de competencia elevada a la Sala de lo Penal.

Las acusaciones populares personadas en las causas abiertas por Ruz y por Gómez Bermúdez han defendido la competencia de éste último por ser la trama presuntamente liderada por Francisco Correa un donante más del Partido Popular y para evitar incorporar los 'papeles de Bárcenas' a un "macroproceso" que merme la agilidad de las investigaciones y lleve a la impunidad de sus presuntos responsables.

Posible nulidad de las actuaciones

Han pedido que no sea el juez que instruye el caso Gürtel quien investigue la supuesta contabilidad opaca del PP para evitar una posible nulidad de las actuaciones como ocurrió en el 'caso Naseiro'. Bárcenas ha pedido anular todas las diligencias efectuadas en el 'caso Gürtel' a raíz de las grabaciones del exconcejal del PP José Luis Peñas a varios imputados en la trama.

Gómez Bermúdez ha reclamado su competencia sobre 'los papeles de Bárcenas' ante la "débil" y "endeble" conexión con el caso Gürtel, que instruye su colega. A su juicio, la trama sería "un donante más" del PP y podría ser "una parte" de la posible financiación ilegal del partido.

De su lado, Pablo Ruz asumió el pasado 7 de marzo la investigación de los 'papeles de Bárcenas', tras recibir un informe de la UDEF en el que se establecían al menos tres vínculos entre el 'caso Gürtel' y la supuesta contabilidad B del PP, dos de los cuales afectan al presunto número 2 de la trama, Pablo Crespo, y al constructor Alfonso García Pozuelo.