La Audiencia de Asturias decide por unanimidad dejar en libertad provisional a los condenados por el 'Caso Marea'

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha decidido este viernes decretar la libertad provisional, al no contemplar que exista riesgo de fuga, para los condenados en el asunto de corrupción en el seno de la administración del Principado, bajo la presidencia del socialista Vicente Álvarez Areces, en el denominado 'Caso Marea'.

El Tribunal ha adoptado esta decisión en sintonía con la Fiscalía y el resto de las partes, con la excepción, de la acusación ejercida por Podemos que solicitaba la prisión. Los condenados, que aún no lo hayan hecho, quedan convocados el lunes a las 11.00 para entregar sus pasaportes. Además, deberán comunicar cambios de vivienda habitual o vacacional tal y como pedía fiscalía.

Los acusados, entre los que se encuentran el exconsejero de Educación del Principado, José Luis Iglesias Riopedre, y su número dos, la directora de planificación de la consejería, María Jesús Otero, entre otros, han recurrido sus condenas al Tribunal Supremo.

CONDENADOS A PENAS DE PRISIÓN

La mayor pena de privación de libertad recae en la exdirectora de Planificación de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, condenada a nueve años y medio de prisión por varios delitos de malversación de caudales públicos y cohecho y deberá pagar una indemnización de 2.500.000 euros. El exconsejero de Educación asturiano, José Luis Iglesias Riopedre, ha sido condenado a seis años de cárcel y 400.000 euros de multa.

La funcionaria Marta Renedo ha sido condena a nueve años de cárcel con multa de 480.000 mil euros y una indemnización a la administración del Principado por las cantidades sustraídas. A los empresarios de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, se les impone seis años de prisión para cada uno.

La Audiencia también ha condenado al gerente de Asac Comunicaciones, Maximino Fernández Álvarez, a un año y nueve meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil concurriendo la atenuante analógica de confesión y al pago de una multa de 3.240 euros.

José Antonio Azorín Iglesias, de Nora Proyectos e Ingeniería, ha sido condenado a un año de prisión por un delito de falsificación en documento mercantil en concurso con un delito de fraude a la Administración y deberá abonar una multa de 2.880 euros.

Por último, la Audiencia ha condenado al ex jefe de compras del Ayuntamiento de Mieres, Francisco Javier Juárez González, al pago de 2.250 euros de multa por un delito de cohecho.