Asociaciones militares exigen suspender la salida de las Fuerzas Armadas de los militares temporales a los 45 años

Las asociaciones militares AUME y ATME han exigido este martes al Ministerio de Defensa que suspenda la salida de las Fuerzas Armadas de los militares temporales cuando cumplen 45 años, una iniciativa que este miércoles se debatirá en el Congreso en forma de una proposición no de ley presentada por Unidos Podemos.

Las dos asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas también quieren que se readmita a todos aquellos Reservista de Especial Disponibilidad que ya han tenido que abandonar la milicia en contra de su voluntad.

Según recuerdan, está abierta en el Congreso una subcomisión creada precisamente para estudiar este asunto y la situación de los militares de tropa y marinería. AUME y ATME apuntan que, si continúan las salidas a los 45 años, habrá muchos militares que ya no puedan beneficiarse de las alternativas que proponga el órgano parlamentario.

"Se da la circunstancia de que si no se suspende el proceso, las medidas de apoyo, de formación y de mejora de la empleabilidad que surjan de los trabajos de la Subcomisión creada al efecto en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, no podrán ser aplicadas a aquellos militares que hayan tenido que abandonar las Fuerzas Armadas", explican.

Por ello, apoyan la proposición no de ley presentada por el diputado de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado, "que es la única que permitiría no dejar a nadie fuera de cobertura y salvaguardar los derechos de todos los militares afectados".

PRIMER CONGRESO DE MILITARES

Estas asociaciones celebrarán este fin de semana el primer congreso de militares para trasladar sus reivindicaciones a responsables de los partidos políticos, prestando especial atención a cuestiones como la Ley de la carrera militar, la situación de derechos fundamentales y libertades, el régimen disciplinario y la jurisdicción militar.

La iniciativa de Unidos Podemos pide a Defensa suspender las rescisiones de los militares de 45 años hasta ofrecerles una alternativa salida de las conclusiones que apruebe la subcomisión del Congreso, cuyos trabajos se prolongan desde hace ya un año.