Asens se reunirá con Vila y pide al Govern acatar el mandato del Parlament para acusar a CDC

El teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens ha contactado con el conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, y se han emplazado a reunirse en los próximos días de cara a la reunión del Consorcio del Palau de la Música del martes, en la que el Gobierno de Ada Colau pedirá al Govern acatar el "mandato claro y rotundo" del Parlament para acusar a CDC en el caso Palau.

Lo ha dicho en rueda de prensa junto al gerente de Recursos, Joan Llinares, una vez que el Parlament ha aprobado este miércoles una propuesta de la CUP y otra de SíQueEsPot para instar al Govern a acusar a CDC, después de que la Generalitat votara en contra en una reunión del Consorci del Palau de la Música el viernes.

Ha destacado que "la puerta de la modificación de las conclusiones ha quedado abierta", porque las de la defensa se abordarán el viernes de la próxima semana --las de la acusación se han tratado este miércoles--, cuando se podría acusar a CDC si así lo acordara el consorcio en la reunión que la alcaldesa, Ada Colau, ha convocado para el martes, después de que no lo hiciera el Govern, aunque se lo pidió por carta a su presidente, Carles Puigdemont.

Asens ha advertido de que el Ayuntamiento hará todas las gestiones necesarias para lograr que el mandato del Parlament se haga efectivo y se decida acusar a CDC en la reunión del consorcio, y ha insistido: "Iremos con un mandato claro, democrático, que viene del Parlament. Haremos bandera de este mandato".

GOBIERNO CENTRAL

Ha pedido al Gobierno central --cuyo representante no acudió a la reunión del viernes-- que actúe "en sintonía" con el voto del PP en el Parlament y opte por acusar a CDC, y ha dicho que representaría una falta de respeto grave y una dejación de funciones que no acudiera a la reunión del martes.

"Una cosa es no participar en la discrepancia, y otra es votar o no y no venir a la reunión", ha aseverado, después de que el ministro Íñigo Méndez de Vigo haya señalado que no acudieron porque los servicios jurídicos lo desaconsejaron y porque consideraron que el asunto era una batalla política entre el Ayuntamiento y la Generalitat.

Ha pedido "no frivolizar" con el asunto, porque están en juego 6,6 millones de euros que supuestamente CDC cobró de Ferrovial a cambio de otorgar obras públicas ya que, si el consorcio no reclama el dinero, podría acabar en las arcas del Estado y no en las de la institución cultural, en caso de sentencia condenatoria, siempre según su versión.

DIVISIÓN EN EL GOVERN

Asens ha destacado que "el Govern ha vuelto a votar de forma dividida" en este asunto en el Parlament, ya que el PDeCAT se ha abstenido pero ERC, Demòcrates, MÉS y la mayoría de independientes se ha alineado con la oposición y ha votado a favor, mientras que dos independientes de JxSí han votado en contra.

Considera que esta circunstancia lleva al Gobierno municipal a "tener la esperanza de que el próximo martes haya un cambio de posicionamiento" en el Govern en la reunión del consorcio, para la que han mandado dos cartas: una para convocar la reunión, y otra al gerente, para que pidiese la suspensión del trámite de conclusiones de este miércoles.

Ha señalado que el trámite no se ha suspendido porque, en un receso, se les ha comunicado que las conclusiones de la defensa se abordarían el viernes 26 y que la modificación con la acusación podría aceptarse entonces, pero ha criticado que el consorcio no ha dado instrucciones a su abogado, algo que "preocupa" al Gobierno municipal.

Preguntados por los 6,6 millones, Llinares ha explicado que la fundación del Palau se los reclama al expresidente del Palau, Fèlix Millet, y a su mano derecha, Jordi Montull --junto a otros 24 millones--, pero que ellos no los recibieron: "Si reclamas el dinero a alguien que no se lo llevó, difícilmente te lo va a devolver".

Llinares, que asumió la dirección del Palau durante unos meses en 2009, ha dicho que CDC puede acusarse de tráfico de influencias, fraude y blanqueo, y que la sentencia debería determinar si la condena a pagar los 6,6 millones, además de multas derivadas que sumarían unos 20 millones de euros, según él.