La Asamblea de Madrid pide la devolución del dinero desviado del Canal por el PP con los votos a favor de Podemos y PSOE

En el marco del pleno monográfico sobre el Canal de Isabel II celebrado en la Asamblea, Podemos ha conseguido el apoyo tanto de PSOE como de Ciudadanos para solicitar una "auditoría forense independiente" del Grupo Canal en un plazo de tres meses, tanto de las finanzas como de las inversiones en obra realizadas en los últimos quince años, así como para reclamar la salida del Canal de todas las empresas y sociedades ajenas a la Comunidad de Madrid.

Igualmente ha sacado adelante con el apoyo de los demás grupos de la oposición otra de sus resoluciones por las que instaba a realizar las modificaciones estatutarias necesarias en todas las compañías dependientes del Canal para asegurar que cualquier cambio de relevancia legal en cualquiera de las compañías participadas deba ser aprobado por el Consejo de Administración del Canal, incluyendo cualquier operación de compra, adquisición, venta, reparto de dividendos y endeudamiento.

Asimismo, según recoge esta misma propuesta, el contenido de las actas del Consejo de Administración del Canal, así como las remuneraciones y dietas de sus miembros se publicarán en la web del Canal y en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid.

Con el respaldo de los socialistas, la abstención de Ciudadanos y el rechazo del PP, la Asamblea ha aprobado una iniciativa de Podemos que pide la restitución del parque sobre el que se construyó el Campo de Golf de Chamberí y otra que contempla la "reversión por ley del modelo societario (Sociedad Anónima) a un modelo de gestión cien por cien pública, transparente, participativo y sin ánimo de lucro, de forma que los beneficios/excedentes no pasen a tapar los agujeros de la deuda de la administración, sino que se reinviertan en un mejor servicio y una mejor agua".

Podemos había propuesto también la creación "urgente" de una comisión de investigación específica sobre lo sucedido en el Grupo Canal desde el año 2001, incluidas las operaciones en Latinoamérica y otras empresas en España, pero esta resolución no ha sido calificada por la Mesa de la Asamblea.