Arturo Canalda declara mañana ante el juez por la presunta compra irregular de Inassa en 2001

El exdirector gerente del Canal de Isabel II Arturo Canalda será interrogado este jueves por el juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama Lezo, Manuel García Castellón, en relación con la compra presuntamente irregular de la colombiana Inassa en 2001 y que costó 73 millones de dólares a la empresa pública de aguas.

El magistrado le había citado para el pasado 22 de enero pero acordó posponer la citación a este 1 de febrero a las 15.30 horas tras la petición del exdirectivo del Canal, a quien le atribuye una participación esencial en la operativa que se hizo a través de una sociedad pantalla y con la que presuntamente se desviaron fondos públicos.

La Fiscalía Anticorrupción pidió su imputación junto con la de los exdirectivos Pablo López Heras, José Antonio de Cachavera y el resto de miembros del Consejo de Administración del Canal que autorizaron formalmente la compra en la sesión celebrada el 14 de noviembre de 2001.

El Ministerio Público acusa a los tres primeros de diseñar una operación paralela "repleta de irregularidades" ya que seis días antes de que se celebrara la sesión estaba concedido el aval bancario definitivo para adquirir Inassa, así como redactado el acuerdo de compraventa de acciones de la sociedad panameña, creada con la finalidad de canalizar los intereses de los implicados en la operativa.

De acuerdo con las actas de la reunión a las que ha tenido acceso Europa Press, Arturo Canalda hizo una pormenorizada exposición del asunto ante los consejeros asegurando que la empresa de aguas con sede en Barranquilla (Colombia) era "sin duda, dentro del sector del agua el de mayor presencia en el Área del Caribe" y contaba "con una gran proyección de crecimiento en la región".

VERSIÓN DE LOS CONSEJEROS

En las dos últimas semanas el juez instructor de la trama Lezo ha interrogado como investigados a los consejeros que rubricaron el acuerdo presentado por los tres directivos de la empresa pública de aguas.

En sus interrogatorios expusieron que hacía muchos años de la operativa, por lo que no recordaban muchos flecos de la misma, pero que se fiaron de la palabra de los precursores de la operación que les dijeron que era una buena inversión para el Canal. De todos destacan los exconsejeros del Canal y del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, Pedro Calvo y Juan Bravo.

Tras ellos, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tomó declaración a López Heras y Cachavera quienes defendieron la adquisición afirmando que se trató de la mejor opción de compra. Los exdirectivos precisaron que los miembros del Consejo tuvieron a su alcance los expedientes de la operación en los cuáles se reflejaba el coste de la misma y la participación de la panameña Aguas de América S.A en la compra del 75 por ciento de Inassa.