El fiscal mantiene la petición de 10 años de inhabilitación a Mas y 9 a Ortega y Rigau

El fiscal Emilio Sánchez Ulled, en sus conclusiones en la cuarta y penúltima sesión del juicio en la sala civil y penal, ha ratificado íntegramente este jueves sus conclusiones y las ha elevado a definitivas.

Así, también sigue pidiendo nueve años de inhabilitación para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau; en ambos casos, por desobediencia grave cometida por autoridad pública como cooperadoras necesarias y prevaricación administrativa.

Estas son las penas que pide el Ministerio Público si los dos delitos se consideran en concurso ideal, es decir, si se considera finalmente que uno de ellos es necesario para cometer el otro.

El Ministerio Público considera que, si el tribunal optase por imponer por separado las penas de ambos delitos --en cuyo caso no se considerarían en concurso ideal--, las condenas totales serían de nueve años y seis meses para Mas, y de ocho años y siete meses tanto para Ortega como para Rigau, además de una multa.

ACUSACIÓN DEL FISCAL

El escrito de acusación del fiscal --previo al juicio y que ahora ha ratificado-- acusa a Mas de articular "una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión" acordada por el TC, y de hacerlo amparándose sólo en su voluntad y continuando los trabajos, aunque con la conveniente discreción --afirma la Fiscalía--, y para eso supuestamente se concertó con las otras dos acusadas.

"Eran plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento a las decisiones del TC", según el fiscal, que les acusa de aparentar que la gestión del 9N quedaba exclusivamente en manos de los voluntarios sin participación del Govern.

La Fiscalía concluye que Mas, "intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad", desatendió el mandato del TC e incumplió la obligación que, como convocante, tenía de dejar sin efecto la consulta del 9N, según el escrito de acusación.

Ortega, como vicepresidenta del Govern, siguió ejerciendo el control público y la coordinación de toda la preparación de las votaciones, inmediatamente por debajo de Mas, y fue la "impulsora directa de las principales actuaciones administrativas" para el 9N, siempre según el fiscal.

En el caso de Rigau, Fiscalía considera que puso a disposición de la consulta los medios de la Conselleria de Enseñanza y se sirvió de los jefes de los servicios territoriales de este departamento para garantizar que los directores de los centros de Secundaria prestaran el apoyo necesario.

ACUSACIÓN POPULAR

Las conclusiones definitivas de la acusación popular, encabezada por el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía, renuncian a acusar a Mas, Ortega y Rigau de un delito de malversación y a pedir pena de prisión para ellos.

Su abogado, Antonio Alberca, ha puntualizado que toman esta decisión después de que el TSJC dejara fuera el delito de malversación al abrir juicio oral.

De este modo, la acusación popular --en que también participan Manos Limpias, la Asociación Arca Ibérica y un particular-- pide 10 años de inhabilitación por desobediencia grave y prevaricación administrativa para los tres acusados, al considerar que permitieron las actividades de preparación de la consulta y actos vinculados a ella y que no suspendieron los contratos para su celebración pese a la decisión del TC.