Artur Mas es responsable solidario de las 9 fianzas que ha fijado el Tribunal de Cuentas para cargos de la Generalitat

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas es el máximo responsable del coste de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, según el Tribunal de Cuentas por lo que ha impuesto una fianza de 5,25 millones de euros que responderá de forma solidaria a las nueve fijadas este lunes para nueve ex altos cargos del gobierno catalán divididos en varios conceptos.

El Tribunal de Cuentas ha comunicado este lunes a Mas, a su vicepresidenta Joana Ortega, al exconsejero de Presidencia Francesc Homs y a la exconsejera de Educación Irene Rigau, así como a cinco ex altos cargos del gobierno catalán las fianzas por usar fondos públicos en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, tras concluir la instrucción de los hechos por la denuncia de Societat Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución.

Tras celebrarse el acto de alegaciones y de levantamiento del acta de liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas ha notificado las cantidades que los denunciados deberán consignar para garantizar el reintegro a las arcas públicas del dinero gastado, en caso de que sean condenados al finalizar el procedimiento judicial que ahora comienza.

El Tribunal de Cuentas ha estimado la fianza de Mas en 5.251.948,17 euros. Esta cantidad responde a los 4.831.599,03 euros que corresponden "al principal de los daños ocasionados a los fondos públicos", más 420.349,14 euros relativos a los intereses provisionales devengados desde la fecha de la celebración de la consulta hasta el momento.

MAS AFRONTARÁ LO QUE SUS SUBORDINADOS NO PAGUEN

Para llegar a esta cantidad, el Tribunal de Cuentas ha dividido el coste total en varios bloques en los que Artur Mas aparece como solidario en todos ellos junto a los otros denunciados. Por ello, se le considera el máximo responsable y tendrá que afrontar aquella parte que sus subordinados no hayan podido afianzar, en el caso de que esto ocurra.

De las nueve fianzas impuestas, la mayor de ella es la relativa a la adquisición de ordenadores portátiles para ser utilizados en las mesas de votación, por la que tendrá que abonar junto a Rigau 3.044.399,09 euros.

La segunda mayor cantidad es la fijada para cubrir el coste de la campaña institucional, por la que abonará 876.560,63 euros junto a Homs, el exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana e lgnasi Genovés i Avellana.

Por otro lado, las cantidades menores que se han establecido son por la ampliación del contrato de seguro para incluir voluntarios que participaron en la votación (1.531,87 euros), que según el Tribunal de Cuentas son responsables también Ortega y Josefina Valls; y el registro de una página web (80,49 euros), que imputa al expresidente, la exvicepresidenta y a Lluis Bertrán i Saura.

FABRICACIÓN DE MATERIAL, SOPORTE INFORMÁTICO Y CENTRO DE PRENSA

El Tribunal de Cuentas también ha impuesto fianzas por la fabricación del material para ser empleado en la votación y transporte del mismo a los locales de votación (54.694,92 euros); la elaboración del soporte informático necesario para la consulta (759.470,76 euros); el envío de información (334.755,47 euros); el centro de prensa para la cobertura informativa (156.793,23 euros); y un contrato menor para la producción de la campaña informativa (23.661,71 euros).

La exvicepresidenta de Joana Ortega tendrá que pagar hasta un máximo de tres millones de euros al haber indicios de responsabilidad en el registro de la web, fabricación del material, los dos contratos antes señalados y en la elaboración del soporte informático.

En cuanto al exconsejero de Presidencia Francesc Homs, se le ha impuesto una fianza de hasta 2,1 millones de euros al considerarle partícipe de cuatro de estos apartados relacionados con la publicidad y difusión de la votación; mientras que a la exconsejera de Educación Irene Rigau se le fija la cantidad de 800.000 euros relacionados únicamente con la adquisición de ordenadores.

Esta cantidad deberá garantizarse en un plazo de 15 días o se procederá a embargar los bienes de los responsables de la consulta ilegal de 2014.